JEP para todos

JEP para todos

El dilema es hasta dónde la justicia transicional debe ir para que sea aceptable para la todos.

05 de junio 2017 , 12:16 a.m.

La justicia transicional es como los divorcios o las quiebras. Uno no aspira a que salgan bien, sino a que salgan lo menos peor posible. A diferencia de los matrimonios, donde los comensales, los novios, los familiares y hasta los colados sonríen para la foto, en la reconciliación de contrapartes es diferente. En los sistemas que se han implementado para insertar un elemento de justicia en la resolución de conflictos, siempre hay varios lados que, inevitablemente, se sienten agraviados.

Esa condición es connatural a todos los tipos de justicia transicional. La aplicación de la justicia convencional –la de los códigos penales y procesales vigentes– no es suficiente para la resolución definitiva de los conflictos que tienen una inspiración ideológica o política. Naturalmente, para quienes están en estado de rebeldía contra las instituciones y desean deponer las armas e integrarse a la sociedad, ese tratamiento penal convencional se les vuelve inaceptable. Como se dice coloquialmente, quién va a ser tan pendejo de entregar el fusil a cambio de recibir un tratamiento equivalente al que obtendrían si son capturados.

Además, la historia política y jurisprudencial colombiana está llena de precedentes que han derivado en una doctrina reiterada en la que se ha reconocido que para lograr la paz se necesita precisamente darle al contrario, al alzado en armas, una tipificación de sus conductas que es esencialmente diferente de la de un crimen equivalente en circunstancias de cotidianeidad. Es decir que, sin obviar el castigo, la justicia, la verdad y la reparación, dos crímenes pueden ser taxonómicamente similares pero realmente, dada su motivación ideológica, política o social, no son lo mismo. Hacer esa distinción no es sembrar impunidad.

De allí que la discusión se vuelva eminentemente política; ya no solo jurídica. Y también, desafortunadamente, electoral, dada la actual coyuntura. La sociedad, las cortes y las instituciones deberán determinar por dónde trazar la raya. El dilema es hasta dónde la justicia transicional debe ir para que sea aceptable simultáneamente para la comunidad, las víctimas y para quienes combatieron al régimen.

Esa discusión se ha politizado gracias a las tácticas de la oposición, que han puesto a la sociedad a contemplar una falsa disyuntiva: impunidad o justicia. Ese enfoque binario –blanco o negro– hace inviable la paz. Si yo fuera guerrillero, sin duda preferiría regresar al monte que pasar cuarenta años en la Modelo. Si yo fuera víctima, desearía que mis victimarios se pudrieran en las cárceles. Mas por esa polarización no se llega a la reconciliación.

De allí es de donde surge la necesidad de una justicia transicional amplia e incluyente. Una justicia transicional donde quepan –de derecha y de izquierda– todos los ideólogos, actores, patrocinadores y financiadores del conflicto, sin excluir a nadie. El consenso a favor de la justicia transicional se fortalece en la medida en que no se impongan exclusiones injustificadas por preferencias ideológicas o por hacerle caso a una ONG o por el miedo a lo que diga un fiscal de La Haya.

Por eso es inexplicable que la oposición intentara que los militares no se beneficiaran de la JEP y tampoco sus excolaboradores que están en las cárceles y aspiran a acogerse a la JEP, dado que, en el fondo, no hicieron sino trabajar para perpetuar la ideología y el proyecto político que simboliza el expresidente. La JEP debe ser para todos. Esa es la única justicia transicional que nos dará una paz duradera.

Dictum. La llegada de una mujer del calibre profesional, intelectual e institucional de Diana Fajardo a la Corte es una bendición para la justicia y la democracia.

GABRIEL SILVA LUJÁN

Columnistas

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