Consecuencias inesperadas

Consecuencias inesperadas

La indignación ciudadana ha alimentado un sentimiento de pesimismo que no es sano para la Nación.

27 de marzo 2017 , 03:33 a.m.

Los escándalos de sobornos por parte de Odebrecht, ya desde la administración del presidente Álvaro Uribe, y de los demostrados esfuerzos para penetrar las campañas presidenciales han generado un verdadero desconcierto nacional. La mezcla de indignación y perplejidad de los colombianos, ante la avalancha de noticias sobre el avance de la corrupción, ha alimentado un sentimiento de pesimismo que no es sano para la Nación.

Ese desánimo colectivo está bien documentado en las encuestas y, también, en las conversaciones con los taxistas. Es importante entender las posibles consecuencias que conlleva esa ‘tripa torcida’ que hoy tienen los ciudadanos. La percepción –bien equivocada por cierto– de un colapso estructural del Estado ante el lastre de la corrupción genera un sentimiento que afecta el consenso social y minimiza logros históricos como la paz. El prestigio de las instituciones –de prácticamente todas– está de capa caída. Esa actitud de la opinión es, sin duda, bastante injusta. Pero es así. Para la mayoría de los ciudadanos, todo funcionario público, todo servidor del Estado y todo político despierta sospechas. La desconfianza en la función pública está hoy bastante generalizada.

La exacerbada percepción de corrupción produce impactos sistémicos altamente perniciosos. El ciudadano tiende a justificar en su accionar cotidiano el incumplimiento de sus obligaciones cívicas, tributarias y con el Estado, arropándose con el argumento de la inmoralidad pública. En el fondo, es una desobediencia civil encubierta por el manto de una falsa legitimidad que provee el estereotipo de un sistema supuestamente tomado por la corrupción.

Quizás más grave es el impacto sobre la operatividad de la administración pública y sobre la calidad del proceso de toma de decisiones oficiales. El fantasma de las investigaciones por corrupción ronda por los corredores de los ministerios y de las agencias estatales. En el fuero íntimo de muchos funcionarios –que tienen en sus manos las grandes y pequeñas decisiones que hacen que la rueda siga girando– se ha afincado un miedo paralizante. El temor a ponerse en riesgo o a favorecer un interés privado, aunque sea perfectamente legítimo, está generando una radicalización interpretativa de las normas que deriva en un extremismo administrativo y regulatorio que no deja margen para adecuar racional y legalmente –como le corresponde al servidor público– la multiplicidad de variantes y circunstancias que se dan en el mundo real.

Eso quiere decir que, en la práctica, porciones del aparato estatal han entrado en un modo de ‘hibernación’. Eso lleva a decisiones inspiradas muchas veces por la hipersensibilidad del actor público a sus riesgos potenciales y personales. La correcta ponderación de los mandatos de la ley y de las necesidades de los ciudadanos, de los empresarios y de la economía se subordina, entonces, a ese imperativo no explícito.

Sin duda, las elecciones no se podrán escapar de los impactos de la indignación colectiva. La politización partidista del tema de la corrupción ha construido una plataforma para que los cruzados de las extremas avancen en su interés de demoler los fundamentos institucionales y constitucionales vigentes, que tanto le han servido a Colombia. Hay que tener la esperanza de que el populismo moralista pueda ser frenado por una profunda reforma de las prácticas electorales, liderada por el Gobierno, sumada a la eficaz acción que han tenido la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.

Dictum. “Para ver la luz no se necesitan ojos. La luz de los tuyos enceguece. La profundidad de tu mirada salva del abismo más insondable”.

GABRIEL SILVA LUJÁN

Columnistas

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