Paz territorial, corrupción y avidez: La Calera y Cota

Paz territorial, corrupción y avidez: La Calera y Cota

En los municipios circundantes de Bogotá existe un festín de corrupción a través de un maridaje entre el sector público y el privado.

25 de noviembre 2016 , 04:40 p.m.

Uno de los aspectos que deben definirse apenas el Congreso de la República refrende el acuerdo de paz es su implementación. Gran desafío para quienes forman parte de la administración pública nacional y, sobre todo, local. Allí está el reto para el logro de la pacificación. Eso y no otra cosa es la paz territorial.

Como indica el acuerdo de paz, el enfoque territorial debe “reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental con la participación activa de la ciudadanía”. Pero es difícil concretarlo si en corrupción desaparecen entre 5 y 10 billones de pesos anualmente en nuestro país. Tomando esto en cuenta, probablemente nuestra maldición no es solo la guerra sino la corrupción que les permite a las autoridades llenarse los bolsillos, sin respetar el interés general.

En los últimos días hemos advertido con sorpresa cómo en los municipios circundantes de Bogotá existe un festín de corrupción a través de un maridaje entre el sector público y el privado. Es inadmisible, como se informaba en este diario el pasado 15 de noviembre, que la Secretaría de Planeación de Cota apruebe 110 licencias de construcción en el municipio que colinda con Bogotá por el noroccidente sin existir infraestructura alguna para soportar los crecimientos de esos proyectos.

Se ha llegado al extremo de expulsar a los campesinos de las zonas –nuevas formas de desplazamiento– para hacer proyectos que multiplican por dos las poblaciones de algunos municipios. Lo que importa es el negocio, no el futuro. Esta desgracia ha venido ocurriendo en Zipaquirá y Cajicá, que ya llegaron a la adopción de decretos que restringen por un determinado tiempo la expedición de licencias de construcción.

Ahora, las fiestas de todo tipo también llegaron a La Calera. De acuerdo con la columna en El Espectador de José Roberto Acosta, la alcaldesa de ese municipio, Ana Lucía Escobar, se ha dedicado a despilfarrar recursos públicos, cuando “se ha gastado en menos de 10 meses gran parte de ingresos extraordinarios recibidos de Cemex S. A., equivalentes a la mitad de su presupuesto anual, en eventos como el Festival de la Luna Azul, el Día del Campesino y el Festival del Sol y la Astronomía, entre otros, donde pululan contratos de toda clase (…). Esto, sin contar con la creación de una cuantiosa nómina paralela de profesores de fútbol, microfútbol, básquet, y muchos más deportes que nadie audita ni controla”. Añadiría que en este municipio, en el que ni siquiera hay un puesto de salud para 30.000 habitantes, y los niños de todos los grados de primaria en las veredas son obligados a tomar sus clases en un aula con un solo profesor, quien dicta todas las materias al tiempo. Una vergüenza que eso ocurra en pleno siglo XXI y a 20 kilómetros de Bogotá.

Para completar, la alcaldesa de La Calera impulsa ante el Concejo del municipio una alteración al Plan de Ordenamiento Territorial, con el fin de incorporar un predio rural –13,7 hectáreas– al perímetro urbano del municipio y construir apartamentos de “interés social” de 90 millones cada uno. Su cobertura es de 10.000 personas, cuando el municipio tiene 30.000 y las necesidades de vivienda son mucho menores.

Lo aterrador es que, repitiendo la historia de sus homólogos en otros municipios, no existe, como ordena la Ley 1753 del 2015, disponibilidad de servicios públicos, de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica; tampoco infraestructura vial, y ya se percibe una preocupación de los campesinos por lo que llaman un posible “desplazamiento” de sus territorios históricos.

Además, no hay valoraciones técnicas de ninguna índole ni estudios de suelos, como lo ha constatado el Consejo Territorial de Planeación; y la incorporación del predio, sin existir acuerdo municipal, ya tiene constructores ávidos por destruir el medioambiente, poniendo en riesgo las áreas de conservación ambiental, áreas de reserva forestal y las fuentes de agua, conforme a la Ley 388 de 1997.

Situaciones como estas deben llevar a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control a investigar y sancionar a los responsables por las indebidas celebraciones de contratos, prevaricatos y peculados. Ese debe ser el mejor ejemplo para la construcción de la paz.

La pacificación territorial tiene que purgar sus problemas. Uno es la corrupción, y el otro, la eliminación de los líderes locales, como se ha visto en innumerables zonas de nuestro país.

P. D. Hermosa la edición del primer tomo de las ‘Críticas literarias’, del gran escritor colombiano Hernando Téllez (1908-1966), quien debe ser leído por las nuevas generaciones. Muy bien por el Instituto Caro y Cuervo, autor de esta iniciativa.


Francisco Barbosa

Abogado. Phd en derecho público, Universidad de Nantes (Francia). Profesor de la Universidad Externado de Colombia.@frbarbosa74

Columnistas

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