La improvisación del Gobierno frente a la paz

La improvisación del Gobierno frente a la paz

Ocho meses duró el proyecto de la JEP engavetado y solo hasta hace poco se presentó al Congreso.

27 de octubre 2017 , 12:00 a.m.

Los tiempos no dan para la implementación. Se advirtió por parte de quienes consideramos que la paz es una alternativa ética para el país. Se sabía que la firma del acuerdo de paz con las Farc implicaba un desafío muy importante para efecto de su implementación. Se requería un esfuerzo gubernamental, un Congreso consciente de los desafíos y unos ministros líderes para enfrentar el vendaval que se veía encima con un debate electoral difícil, complejo y salpicado de mezquindades a granel.

Sin embargo, el Gobierno no escuchó y se volvió a cometer la multiplicidad de errores que se dieron en el 2016, cuando se convocó un absurdo plebiscito sobre el acuerdo de paz, se abandonó la pedagogía de lo pactado, o cuando el Gobierno agitó el avispero poniendo en discusión unas controversiales cartillas sobre educación sexual, a mes y medio del plebiscito.

En esta ocasión, el panorama es insólito. Ocho meses duró el Gobierno con el proyecto de ley estatutaria de la JEP engavetado y solo hasta hace mes y medio lo presentó al Congreso; esa negligencia es de una dimensión inusitada, porque corría el tiempo del fast track en el Congreso y las Farc dejaban las armas para pasar a la política. La consecuencia de esta demora produjo que haya magistrados de la JEP nombrados, sin oficio alguno, sin sede, sin funciones, sin ley estatutaria y, peor aún, sin reglamento o código de procedimiento que, según el acuerdo con las Farc, debe pasar por el Congreso. Congreso al que se le terminan las facultades extraordinarias y el fast track en un mes.

Se está tramitando una ley cuando ni siquiera se conoce la constitucionalidad del acto legislativo que desarrolla y fundamenta el proyecto de ley estatutaria.

Del mismo modo, al no estar funcionando la JEP, las Farc, que pueden hacer política según lo acordado –sin que haya claridad o no del hundimiento de la reforma política–, no pueden comparecer ante la JEP, poniendo en duda un sistema que se fundamenta en que debe existir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Un galimatías.

Un segundo aspecto tiene que ver con los tiempos de la Corte Constitucional. Las sentencias claves que le dan seguridad jurídica al proceso tampoco lograrán salir hasta mediados del próximo año. Están pendientes la sentencia sobre el proyecto de ley estatutaria de la JEP –en trámite–, la ley de procedimiento de la JEP –no tramitado– y el acto legislativo que creó la JEP, que aún está en conocimiento de la Corte Constitucional. Es decir, se está tramitando una ley cuando ni siquiera se conoce la constitucionalidad del acto legislativo que desarrolla y fundamenta el proyecto de ley estatutaria.

Por último, la falta de liderazgo en el Ejecutivo, representado por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y varios ministros de otras carteras como el de Justicia, es lamentable. Su función se ha limitado a responsabilizar a otros para justificar su incapacidad de lograr mayorías en la implementación del acuerdo o resolver los problemas medulares de la justicia. ¿Cuándo vimos a ministros como Alfonso Gómez Méndez o Mauricio Cárdenas atribuyéndole la responsabilidad de su fracaso, como jefes de sus carteras, a un presidente de la Cámara de Representantes? Seamos serios.

Todo esto trae a la memoria la historia del estudiante vago y desaplicado que pretende enmendar la plana al final del año sin haber realizado esfuerzo alguno durante el periodo escolar. Al final, frente a la segura mala nota y la pérdida del curso, le atribuye responsabilidades a los otros de su propio fracaso.

El problema en este asunto es que no es una nota o un curso lo que está en juego, sino un acuerdo de paz fundamental en el futuro de nuestro país.

FRANCISCO BARBOSA

Columnistas

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