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Fosas 'comunas' en Medellín

¿Qué decir de un país de ríos convertidos en fosas comunes, de basureros para descartar cuerpos?

Los psiquiatras forenses suelen explicar muy bien cómo los móviles de un crimen, es decir, la manera como se ejecuta, las armas empleadas, la forma como se dispone de los cuerpos, resultan de enorme importancia para esclarecer los hechos, pero sobre todo para expresar el estado mental del victimario.
Hoy, en una diligencia que no tiene precedentes en nuestro país, la Fiscalía se dispone a descubrir lo que ha sido uno de los episodios más tenebrosos de nuestra historia, ocurrido en el corazón mismo de la ciudad de Medellín: la exhumación de cuerpos del vertedero de basuras-fosa común de La Escombrera.
Los hechos son estos: en el segundo semestre del 2002 tuvieron lugar una serie de operaciones militares en la comuna 13 con el fin de rescatarla “del control de la guerrilla”. Lo vimos por televisión: la operación Orión, una de ellas, fue ampliamente reseñada por los medios como un ejemplo de lo que significaba recuperar el ‘control del Estado’ sobre el territorio.
Diversas fuentes de investigación, oficiales e independientes, coinciden en que las operaciones militares, que incluyeron la incursión de más de 1.000 hombres en la comuna, contaron con la participación de unos 800 paramilitares pertenecientes a los bloques Metro y Cacique Nutibara. Por propia admisión de la Alcaldía, las cifras rondan los 300 desaparecidos, personas que fueron presuntamente asesinadas y cuyos cuerpos habrían sido desechados en La Escombrera, lo que la convirtió en una de las fosas comunes más grandes del país.
No sería la única en Medellín. La pacificación de la comuna 13, que alberga 14 de las 23 bases militares que hay en la ciudad, no ha sido posible. Se plantean serias dudas sobre la realidad de las cifras oficiales. Las casas de descuartizamiento siguen vigentes, por lo que la Fiscalía ha tomado la decisión de iniciar la exhumación de lo que serían fosas comunes en San Javier, San Antonio de Prado y la comuna 8.
Tuve noticia de la existencia de fosas ubicadas en las inmediaciones de la reserva de Santa Helena; esto, mientras seguía el caso de la desaparición de unos niños que fueron sacados por la fuerza de un partido de fútbol por hombres armados. Testigos vinculados con organizaciones delictivas relataron que los niños fueron descuartizados y sus despojos habrían sido enterrados allí, lo que explicaría un cambio de la modalidad criminal expresado en la baja de homicidios en la ciudad, que coexiste con un sensible incremento de las desapariciones.
¿Quién es aquí el victimario? ¿Qué podemos deducir de su estado mental cuando examinamos los hechos? Tenemos en este caso el ejemplo de un crimen de Estado cometido a la luz del día y ejecutado como parte de una política de seguridad. Hasta la Fiscalía estuvo comprometida, por cuanto el CTI se hizo presente y avaló la “legalidad” de las operaciones. Está también de por medio la responsabilidad de la justicia o, mejor, su escandaloso silencio, pues, como lo admitía el presidente de la Sala Penal del Tribunal de Medellín, magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, “la justicia también debería pedir perdón, por haber sido una justicia cómoda para el poder”.
¿Qué se puede decir de un país de ríos convertidos en fosas comunes, de basureros habilitados para descartar cuerpos? Hay quien todavía lo aplaude, miles que se levantan en defensa de la rendición del Estado de derecho en favor de la limpieza social, que no es otra cosa que la atrocidad en su peor expresión. ¿Qué decir de una sociedad que añora esta política de seguridad como la fórmula correcta para su pacificación y desarrollo? Repito: lo vimos todos por televisión.
Natalia Springer
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