La Contralora General de la República alertó a la ciudadanía y a los organismos de control sobre manejos no ceñidos a la ley en cuanto a recursos de regalías en departamentos, municipios e institutos descentralizados.

Los pactos firmados con tanto protocolo y publicidad sobre transparencia y rectitud parecen un novelón macondiano. La rendición de cuentas ante la comunidad parece una dramaturgia incoherente y engañosa.

Se calcula que de dos y medio billones de pesos producto de las regalías, algo más del veinticinco por ciento se escapa por las cloacas de la corrupción y la depredación a lo largo y ancho del país.

Las regalías constituyen la piñata más apetecida de la nación. Todos quieren hacer su agosto con ella. Recordemos lo sucedido en Arauca, donde no solo funcionarios sacaban provecho de ello. Los grupos alzados en armas también participaron en el botín regalado.

El gobierno del presidente Santos, al acabar con el Fondo Nacional de Regalías, trató de cancelar una cloaca fétida de estos recursos. Sin embargo, continúa la feria.

Las regalías constituyen uno de los recursos más poderosos para optimizar el acueducto, el alcantarillado y servicios diversos para las comunidades. Se constituyen, desgraciadamente por su dinámica corruptora, en fuentes de desgreño y hasta de asesinatos.

Poco o nada están haciendo las veedurías ante las amenazas. Un simple derecho de petición para evaluar los manejos correctos de estas pareciera una sentencia de muerte.

En Bolívar, Córdoba, Sucre, Valle, Cundinamarca, Chocó, La Guajira y otros departamentos de la nación se dilapidan.

Según la Contraloría, en varios años se han perdido billones por la corrupción en el manejo de los recursos que dejan el petróleo y la explotación de minerales. En La Guajira, los recursos también se pierden. En este departamento, la pobreza es altamente preocupante y los servicios públicos, de los mas caóticos. La cobertura en acueductos ni siquiera llega al cincuenta por ciento.

En Bolívar, un exalcalde contrató atención para más de dos mil estudiantes mediante convenios con escuelas y colegios por un valor cercano a los dos mil millones de pesos y si acaso se atendió a once de ellos. En salud y educación, esos recursos son medianamente utilizados.

Los PAB (plan de atención básica) son otra cloaca podrida y grotesca. Se pagan favores, se financian campañas y hasta se compran armas, cuando los grupos al margen de la ley quieren también hacerse al botín presupuestal. En el sur del país se comprobó que estos recursos también eran 'boleteados' por la guerrilla.

En las antiguas y públicas electrificadoras, municipios, departamentos e institutos descentralizados, la feria de las regalías atestó bolsillos, financió campañas, eligió gobernantes y hasta llenó ataúdes con cuerpos de periodistas, opositores y veedores.

Félix Manzur Jattin
femanzurj@yahoo.com