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Al oído del Congreso

Un código de ética médica es un tratado de deberes y no –como creen algunos– un tratado de derechos.

Con el mayor comedimiento dirijo estas líneas a los honorables miembros del Congreso de la República, con el fin de abogar una vez más por un importante asunto que estará nuevamente a su consideración en la legislatura que se inicia.
Me refiero al proyecto de ley reformatorio del Código de Ética Médica (Ley 23 de 1981), discutido durante las legislaturas 2015-2016-2017, aprobado en los cuatro debates de rigor y que, por no habérsele dado la importancia debida, fue siempre relegado al elaborar el orden del día de las sesiones, de manera tal que el tiempo no alcanzó para cumplir la etapa de conciliación, previa a su aprobación final.
Por disposición reglamentaria, deberá ahora iniciar de nuevo el tránsito parlamentario, con el valor agregado de que ya fue considerado y aprobado por las dos cámaras, lo cual –creo yo– hará más ágiles los debates requeridos.
No sobra rememorar que dicho proyecto de ley fue concebido por iniciativa de una junta médica creada en virtud del derecho y deber de autorregulación profesional, frente a la necesidad de remozar las normas éticas existentes, teniendo en cuenta que, en el transcurso de las tres largas décadas de su vigencia, muchos han sido los cambios ocurridos en el ámbito médico y cuyas implicaciones éticas no contemplaban aquellas. Esa junta médica estuvo compuesta por los presidentes o los representantes de la Academia Nacional de Medicina, del Colegio Médico Colombiano, de la Asociación de Sociedades Científicas, de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, del Tribunal Nacional de Ética Médica y de la Federación Médica Colombiana.

El ejercicio de la medicina es una actividad de inmensa responsabilidad social, como que el médico es un agente indispensable para el bienestar y la tranquilidad de la sociedad toda

Como era lógico, el texto del proyecto puesto a consideración del Congreso tuvo la aprobación consensuada de esas seis instituciones, pudiendo afirmarse, por eso, que tenía –y tiene– el aval del cuerpo médico nacional. Posteriormente, al cambiarse la junta directiva de la Federación Médica, esta declaró su desacuerdo con el proyecto, disidencia que en nada afecta el respaldo mayoritario que aún conserva.
El ejercicio de la medicina es una actividad de inmensa responsabilidad social, como que el médico es un agente indispensable para el bienestar y la tranquilidad de la sociedad toda. Por eso, su actuar debe estar sujeto a normas intachables de conducta, que hagan las veces de brújula para evitar el extravío y obtener la confianza de aquella.
En otras palabras, un código de ética médica es un tratado de deberes y no –como creen algunos– un tratado de derechos. Si ese código, elaborado por los mismos médicos, tuviera la intención de favorecer los intereses de estos –que son válidos en otro contexto– antes que los intereses de los pacientes, sería un instrumento viciado, perverso, de muy mal recibo por la sociedad.
Precisamente, la ética médica en el mundo occidental se originó en Atenas hace veinticinco siglos porque la sociedad retiró a los médicos su confianza. Fue menester que los discípulos de Hipócrates elaboraran un documento contentivo de los deberes de los cultores de la medicina y juraran cumplirlos poniendo a sus dioses como testigos. Así nació el famoso Juramento hipocrático, de tanto arraigo para los médicos de todas las épocas y lugares.
En los tiempos que corren, cuando la medicina y las sociedades son muy distintas a las de aquellas calendas, se ha visto necesario ajustar los principios éticos hipocráticos a las nuevas costumbres, pero manteniendo vivo su espíritu primigenio, vale decir, que el médico obre en función del otro, a manera de apostolado, anteponiendo los intereses de la sociedad doliente a los intereses del gremio. Y entre nosotros, el renovado Código de Ética Médica es el instrumento indispensable para que esa misión se cumpla a cabalidad.
FERNANDO SÁNCHEZ TORRES
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