Purificar la democracia

Purificar la democracia

Nuestra democracia es imperfecta, como la que más, y permite fenómenos escabrosos como el del plebiscito realizado el 2 de octubre.

22 de diciembre 2016 , 05:33 p.m.

La magistrada del Consejo de Estado Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez resolvió una demanda interpuesta en Pasto por los ciudadanos Efraín Calvachi Obando y David Narváez Gómez, en la que piden decretar la nulidad del plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre pasado y adoptar medidas cautelares de urgencia que impulsen la rápida implementación de los acuerdos definitivos de paz firmados en el teatro Colón y ya refrendados por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional.

En la resolución de la demanda, sustentada en una impecable pieza jurídica de 110 páginas, sólidamente argumentada con el criterio filosófico que corresponde a un magistrado del Consejo de Estado, la consejera Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez decide abstenerse, por ahora, de resolver en lo pertinente a la solicitud de anulación del plebiscito, de lo cual da traslado, y adoptar medidas cautelares de urgencia como “ordenar al Congreso de la República y al Presidente de la República avanzar con la implementación del actual ‘acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, disponiendo para ello –aun en sesiones extraordinarias convocadas para tal fin– de los mecanismos especiales de creación normativa establecidos en el Acto Legislativo 01 del 2016 (fast track), que para efectos del cumplimiento de esta medida cautelar ha de entenderse vigente. Ello, claro está, sin perjuicio de que en lo sucesivo medie un pronunciamiento expreso y definitivo de órgano competente en relación con la vigencia de la referida norma constitucional”.

La decisión de la honorable consejera Bermúdez Bermúdez, trascendental para la consolidación de la paz y, en consecuencia, para el futuro del país y de la democracia, ha recibido de inmediato la esperada crítica del senador tuitero Álvaro Uribe Vélez y sus ecos, que atacan la sesuda resolución de la magistrada, no con argumentos jurídicos ni razonamientos de ningún género, sino con los chismes y las viles alusiones de carácter personal, todas ellas mentirosas, a que están acostumbrados los centrodemocráticos. Las mismas mentiras y engañifas truculentas que utilizaron para embaucar a los electores, y que emplean en todo momento, sin la menor vergüenza, atenidos a la ingenuidad y la escasez de raciocinio que caracterizan a un amplio sector colombiano.

No me extraña ese tipo de ataques del furibismo a una resolución jurídica que nos les gusta, porque desfavorece su proterva campaña contra la paz de los colombianos; tampoco le extrañó al papa Francisco, que en las fotos de su reunión con el presidente Santos y el senador Uribe Vélez mira al jefe del Centro Democrático con ojos en los que claramente se lee el bíblico rechazo: “Vade retro, Satanás”.

Pero sí me preocupa la ligereza que un diario al que respeto y admiro, como El Espectador, se toma para criticar un documento de tanto valor jurídico, y de irreprochable conciencia democrática, como es la resolución de la consejera Bermúdez Bermúdez, quien tuvo, entre sus elementos de sustentación, varias publicaciones de El Espectador.

Titula su editorial nuestro colega: ‘La irresponsabilidad de desconocer el plebiscito'. Por ahí comienza equivocado. La admisión de la demanda ha dejado en suspenso el desconocimiento de los resultados del plebiscito, para ser analizados en otras instancias, y ha dictado únicamente las medidas cautelares que dejo transcritas; aunque, a mi juicio, se habría justificado plenamente anular los resultados de un plebiscito cuyo ganador violó en todas las formas posibles los preceptos democráticos, para inducir a los electores a votar contra propuestas que no figuraban en el texto sometido a plebiscito.

La cuestión no puede plantearse en términos de si desconocer los resultados que fueron fruto de una campaña fraudulenta es atentar contra la democracia. El planteamiento es si hay democracia cuando una parte de los actores de una elección puede engañar a sus huestes y, mediante mentiras, falsas premisas (como quedan nítidamente expuestas en el texto de la magistrada Bermúdez Bermúdez) y truculencias de todo género, los llevan a votar “con verraquera”, y también muertos de susto, contra unos fantasmas que solo existen en la fértil y perversa imaginación de los promotores de la campaña del ‘No’, en este caso. Aparte de un engaño al pueblo, no vemos que esté expresada ninguna voluntad popular, pues el aspecto volitivo tiene que nacer de la convicción de la verdad y no de la equivocación producida por la mentira. En la última elección antes de la Segunda Guerra Mundial, el 99 % de los alemanes votaron por Hitler y por el partido nazi, pero no puede decirse que esa era la voluntad popular de los alemanes, sino el efecto de un engaño colectivo diabólicamente administrado por la reconocida genialidad propagandística del señor Goebbels. ¿O tendremos que admitir que el régimen nazi era un modelo de democracia porque tenía el respaldo del 99 % de los electores?

Nuestra democracia es imperfecta, como la que más, y permite fenómenos escabrosos como el del plebiscito realizado el 2 de octubre, en el cual 6’050.000 electores votaron contra la paz cuando creían estar votando contra el castrochavismo, la ideología de género y la elevación de ‘Timochenko’ a la presidencia de la República.

Un documento como la resolución de la consejera de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez, es pieza, repito, jurídica y filosófica, que debe servirnos de base para comenzar la purificación de nuestro régimen democrático, al que los dos ciudadanos demandantes de los resultados del plebiscito le han prestado un servicio impagable.

No está por demás enterarse de un párrafo medular del escrito de la consejera Bermúdez Bermúdez:

“Es imposible, a estas alturas, desconocer que la utilización del mencionado mecanismo de participación ciudadana refleja el deseo de autodeterminación de todo un pueblo y, por ende, debería ser el resultado de un proceso pulcro y transparente, que no admite ningún tipo de máculas, razón por la cual su preservación por parte del juez de lo electoral no puede responder a un paradigma meramente cuantitativo. La búsqueda de la verdad y el deber de protección de los más altos valores y principios que lo irradian, sobre todo por el tipo de decisión que a ella subyace, lo obligan a ponderar de forma proporcional y razonable, pero sobre todo en términos cualitativos, la validez del resultado del plebiscito de cara al contexto en el que emergió, habida cuenta de que su compromiso con la democracia, que encuentra en este particular escenario una de sus expresiones de mayor significación, se insiste, por todo lo que a través del cuestionado plebiscito está en juego, trasciende cualquier formalidad que amenace la vigencia de un orden político, económico y social justo”.


Enrique Santos Molano

Columnistas

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