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La JEP no es reformable

Las reformas instiladas por el Centro Democrático en la JEP contradicen lo dispuesto en los Acuerdos

La aprobación por el senado del estatuto reglamentario de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con reformas (inconstitucionales) introducidas e impuestas por la bancada uribista, es la prueba incontestable de que el Centro Democrático piensa que podrá seguir pasándose por la faja la Constitución mediante el artilugio de reformar “un articulito” o muchos articulitos, de manera irregular e ilegal. A no ser que estemos entrando en una dictadura, con la Constitución y las leyes como convidadas de piedra.
¿Las actuales Cortes no serán acendradas sino desaparecidas, y las reemplazarán una Corte de bolsillo sumisa y un Congreso aquiescente, no deliberante?
El Congreso que acaba el próximo 20 de julio pasará a la historia con calificaciones mediocres. Salvo el puñado de legisladores, en ambas Cámaras, del Polo Democrático, la Alianza Verde y unos pocos del partido de la Unidad, que no menciono para no incurrir en omisiones involuntarias, el resto desperdiciaron el tiempo en debates insulsos. Dieron buen ejemplo de lo que no debe ser un miembro del parlamento colombiano.
Por ello no es raro que hubieran aprobado unas reformas a la reglamentación de la JEP que son inconstitucionales, como lo han advertido, por su lado, el presidente Juan Manuel Santos, y por el suyo el senador Iván Cepeda, y sobre las que la Corte Constitucional deberá pronunciarse.

No pienso que el presidente electo, Iván Duque, esté dispuesto a ejercer una dictadura, ni abierta ni encubierta.

No pienso que el presidente electo, Iván Duque, esté dispuesto a ejercer una dictadura, ni abierta ni encubierta. La última frase de su discurso de la victoria fue un sonoro “¡Viva la democracia!”, y todos pensamos que honrará ese precepto sinceramente. Además, para la próxima legislación se estrenará el denominado ‘Estatuto de la Oposición’, que obliga, como en los grandes parlamentos del mundo, a formar un partido de gobierno y un partido de oposición. Es decir, que el Congreso operará con reglas claras en cuanto a sus relaciones con el gobierno, y viceversa.
Para claridad y confianza de los ciudadanos, es de importancia enorme saber quiénes van a estar con el gobierno y quiénes en la oposición. No puede instalarse el nuevo Congreso (el próximo 20 de julio) sin que se hayan definido e integrado la bancada del gobierno y la bancada de oposición.
El sistema no es nuevo entre nosotros. Así funcionó el parlamento colombiano entre 1910 y 1949, año en que el presidente Ospina Pérez, cuyo gobierno era minoritario en ambas Cámaras y en el noventa por ciento de los concejos y asambleas del país, clausuró el Congreso para impedir el juicio de responsabilidades que la bancada mayoritaria (liberal) le haría por la violencia oficial desatada contra el liberalismo, con propósitos de exterminio, durante el gobierno conservador, de Unión Nacional fallida, presidido por el doctor Ospina Pérez (1946-1950).
Ahora retornamos al esquema de gobierno-oposición que el presidente Virgilio Barco (1986-1990) quiso reanudar, sin éxito. Entonces, las componendas pudieron más que las disposiciones democráticas. Ese esquema rige en todos o en casi todos los parlamentos del planeta. El régimen presidencialista (como el nuestro) es defectuoso y obsoleto y está en mora de ser abolido. En los próximos años tendremos que llegar a un
régimen parlamentario que impida los gobiernos de minoría, generadores inevitablemente de violencia y de tendencias dictatoriales.
Mientras tanto, el país está a la expectativa de dos hechos políticos, y uno jurídico político, trascendentales. Uno, el gabinete ministerial que rodeará al presidente Duque; dos, la conformación de las bancadas de gobierno y de oposición; tres (y este debe ser el primero), el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las reformas introducidas a los acuerdos de paz en contraposición a lo dictaminado por la misma Corte. (“No se pueden hacer reformas contrarias al espíritu de los acuerdos antes de tres períodos legislativos”).
Las reformas instiladas por el Centro Democrático en la JEP contradicen lo dispuesto en los acuerdos.
ENRIQUE SANTOS MOLANO
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