Acción de cumplimiento

Acción de cumplimiento

Hollman Morris demuestra en su debate las interminables contradicciones en que incurren el alcalde Peñalosa y sus secretarios.

15 de diciembre 2016 , 05:36 p.m.

Superada la actualidad noticiosa de asuntos de trascendental importancia, como los acuerdos de paz del Colón, la refrendación de estos por el Congreso de la República, y la feliz aprobación del fast track (vía rápida) por la Corte Constitucional para implementarlos, y el asesinato, con características monstruosas, de la niña de 7 años, Yuliana Samboní, que necesariamente acapararon la atención de los ciudadanos, podemos volver a una cuestión no menos importante ni trascendental que aquellas: Bogotá y los tres proyectos que la administración actual de Enrique Peñalosa declara prioritarios para “el progreso” de la capital de Colombia, es decir, la carrera 7.ª como troncal de TransMilenio, el metro elevado en lugar del subterráneo, y la reserva ecológica Thomas van der Hammen, redestinada a poblarse de urbanizaciones y de autopistas que faciliten la entrada o salida de vehículos por el norte.

Sobre el metro elevado “alto y esbelto”, me informan que una acción de cumplimiento presentada por el concejal progresista Hollman Morris “en contra del Distrito Capital –Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, para que se ordene el cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo Distrital No. 642 del 2016” ha sido admitida por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, “como quiera que la solicitud reúne los demás requisitos exigidos por el artículo 10 de la Ley 393 de 1997”.

Las implicaciones que tiene la decisión adoptada por el juez 54, del juzgado arriba citado, doctora María Carolina Torres Escobar, son de una importancia incalculable para garantizar que Bogotá no será en el siglo XXI una capital de tercera, la única que en esta centuria no tendría un metro subterráneo como eje de un sistema de transporte masivo que garantice la efectiva movilidad de los ciudadanos.

Ya el concejal Morris había hecho un debate en el cabildo de Bogotá para ponerles de presente a sus colegas la abierta violación de la ley en que incurrió la administración Peñalosa al destinar las vigencias futuras a la financiación del metro elevado, cuando el Concejo las había aprobado con destinación específica al metro subterráneo.

En el debate (ver video: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=730379660464383&id=295077807327906), el concejal Morris expone con detalle los innumerables inconvenientes que obran en contra del metro elevado y a favor del metro subterráneo, comenzando porque aquel no tiene estudio técnico o de factibilidad que lo sustente, mientras que el subterráneo está consolidado en estudios que costaron 136.000 millones de pesos, aprobados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Planeación Nacional, el Conpes y demás organismos competentes.

Si la Administración distrital quisiera hacer el metro subterráneo podría iniciar los trabajos a más tardar en un mes. Las obras del metro elevado, según ha informado la propia Alcaldía, no comenzarían antes del 2018 y se prolongarían por tres años y pico. La primera línea del metro subterráneo, como se la ha proyectado, estaría inaugurada en un lapso máximo de dos años.

Un estudio a fondo, con argumentos técnicos de peso sobre el sofisma del metro elevado (que el mismo Enrique Peñalosa, pocos meses antes de su elección, había calificado de “indeseable” para Bogotá), fue realizado por Carlos Carrillo, y puede leerse en el siguiente enlace: https://algarete.com.co/2016/08/21/bogota-mejor-para-tontos/

También los representantes Germán Navas Talero y Angélica Lozano adelantaron debates contundentes sobre el error que sería sustituir el metro subterráneo por uno elevado, además del grave detrimento patrimonial que se cometerá al desechar los estudios que sustentan la viabilidad del metro subterráneo.

Hollman Morris demuestra en su debate las interminables contradicciones en que incurren el alcalde Peñalosa y sus secretarios, lo cual deja la impresión de que esos funcionarios están dando palos de ciego en este asunto, o tienen premeditado no construir ningún metro (una jugada tramposa que ya hizo Peñalosa en 1999) para desviar los recursos destinados al metro hacia la troncal de TransMilenio por la 7.ª, que puede salir tan cara, en términos pecuniarios, como dos líneas del metro subterráneo, e incalculablemente costosa por el deterioro urbano que va a producir.

La acción de cumplimiento instaurada por Hollman Morris, y aceptada por el Juzgado 54 Administrativo, permitirá establecer la verdad sobre por qué se les está dando a las vigencias futuras un destino distinto del específico para el que fueron aprobadas; por qué la administración Peñalosa está promocionando un metro elevado sobre el cual no hay estudios, ni pocos ni muchos, y por qué no está dando cumplimiento a lo determinado por el artículo 9 del Acuerdo Distrital No. 642 del 2016.

Cito lo dispuesto en su resolución por la juez 54, doctora María Carolina Torres Escobar: “El despacho ordena solicitar al alcalde mayor de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa Londoño; a la secretaria distrital de Hacienda, doctora Beatriz Helena Arbeláez Martínez; al secretario distrital de Movilidad, doctor Juan Pablo Bocarejo; al director de Planeación Nacional, doctor Simón Gaviria; al presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, doctor Clemente del Valle Borráez, y al doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, para que rindan un informe escrito bajo la gravedad del juramento (párrafo subrayado por el juzgado) sobre los hechos que le constan respecto del caso examinado, para lo cual por secretaría requiérase la documental mencionada, adjuntando copia de la acción de cumplimiento y sus anexos, indicándole al funcionario que cuenta un término de 10 días para dar contestación al requerimiento, so pena de las sanciones establecidas en el artículo 165 del CGP”.

La notificación a los funcionarios citados fue hecha el 13 de diciembre pasado. Ahora vamos a ver si son ellos ciudadanos respetuosos de la ley o son de los que creen que están por encima de la ley (que es como estar por fuera de la ley). Si los bogotanos saben lo que les conviene, tendrán que estar pendientes del resultado de la acción de cumplimiento entablada por el concejal Hollman Morris, la que se tramita en el Juzgado 54, cuyo despacho emitirá su fallo en 20 días a partir de que se cumplan los 10 días dispuestos para la declaración (hecha bajo la gravedad del juramento) de los funcionarios convocados.


Enrique Santos Molano

Columnistas

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