39 meses después

39 meses después

Los padres de los 43 de Ayotzinapa no han cesado de pedir justicia.

29 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

El 26 de diciembre pasado se cumplieron 39 meses del episodio sangriento ocurrido en la histórica ciudad mexicana de Iguala durante la noche de ese día y la madrugada del 27. El resultado de aquel suceso en el que elementos del Ejército y la Policía acometieron a bala a ciudadanos inermes, sin que esté claro el móvil del ataque, fue de nueve personas muertas, veintisiete heridas y cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (situada a 247 kilómetros al sureste de Iguala), que hacían un recorrido en la región, desaparecidos misteriosamente. Hasta hoy no se sabe de ellos la menor noticia.

Día por día, en esos treinta y nueve meses de agonía por la suerte de sus hijos, los padres de los cuarenta y tres de Ayotzinapa (como se les conoce en el mundo indignado) no han cesado de pedir justicia, de clamar por la devolución de sus hijos “vivos, como se los llevaron”.

¿Qué han obtenido del gobierno del señor Peña Nieto los padres de los cuarenta y tres de Ayotzinapa? Desprecio, burla y maltrato. Desde el primer día, el presidente priista mostró su talante. Cuando los padres de los normalistas le solicitaron audiencia, inmediatamente después de los sucesos dolorosos del 26 y 27 de diciembre, el señor Peña Nieto ni siquiera les dio una respuesta. Volvió la espalda y viajó a la China a cumplir una cita con el presidente de la gran potencia asiática. A su regreso tampoco habló con los padres de los estudiantes desaparecidos. Dejó el asunto en manos de la Procuraduría General de la República, que empezó a tejer una serie de teorías a cual más disparatadas y falsas, como se lo demostraron repetidamente los expertos internacionales que investigaron el caso. Total, treinta y nueve meses después del crimen horripilante, no hay ni un rastro remoto de los cuarenta y tres normalistas.

Los pedidos, la súplica de justicia que los padres atormentados de aquellos muchachos le han hecho sin cesar al gobierno de Peña Nieto, no les han valido sino acosos y amenazas por parte de sujetos no identificados.

La respuesta más clara de Peña Nieto al clamor reiterado a diario por los padres de Ayotzinapa en demanda de acción es un estatuto de seguridad, recién aprobado, que no procura hacer justicia, castigar el crimen, combatir el delito, proteger a la ciudadanía. Nada de eso. Solo reprimir con la mayor ferocidad la protesta social, silenciar a los que no están de acuerdo y garantizar la impunidad institucional.

Si el presidente Peña Nieto cree que por llegar al final de un gobierno universalmente reprobado podrá retirarse a gozar de la vida, deberá pensar en esto: los fantasmas de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, y el sollozo constante de sus padres, lo perseguirán por el resto de su vida.

Según informa el diario mexicano ‘La Jornada’, los padres y madres de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos hicieron el pasado miércoles 27 de diciembre una manifestación para “protestar contra la candidatura del exgobernador guerrerense (del estado de Guerrero) Ángel Aguirre Rivero a una diputación federal”, debido al posible involucramiento de Aguirre en el ataque “contra nuestros hijos”. Los graves hechos de Iguala ocurrieron cuando Aguirre era gobernador de Guerrero. Los padres de los cuarenta y tres han denunciado “el cinismo” de los partidos políticos que prohíjan la candidatura de Aguirre, a quien las autoridades investigan sin mucho afán de llevarlo a juicio. Por el contrario, señalan los padres, anda libre y haciendo campaña política.

“Por lo anterior, manifestaron ‘su firme decisión de seguir impugnando y protestando en los actos de campaña que esta persona realice, hasta que su precandidatura sea revocada y en su lugar nombren a una mujer u hombre honesto y limpio de crímenes’”.

Texto completo de la nota en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/27/aguirre-arrastra-vinculo-con-crimen-de-ayotizanapa-acusan-padres-7359.html

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Aclaración:

El señor registrador nacional del Estado Civil, doctor Juan Carlos Galindo Vacha, me envía con fecha del 26 de diciembre del 2017 una carta de aclaración a la nota publicada en esta columna, en la cual manifesté mi extrañeza y preocupación por el hecho de que el registrador en persona hubiera salido a recibir a uno de los candidatos por firmas. En lo pertinente dice el señor registrador:

“Si bien la recepción de las firmas como soporte de inscripción de candidaturas es una tarea relativa a los procesos electorales y, por ende, de la esencia misional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, me permito manifestarle que no he recibido a ningún aspirante a candidato, ni tampoco he presenciado personalmente la entrega de las firmas que fueron entregadas por los diferentes comités promotores. Así las cosas, la afirmación incluida en su artículo resulta ajena a la realidad como también el comentario consiguiente, razón por la cual le agradecería la correspondiente rectificación.

“A lo largo de más de dos años que me he desempeñado como Registrador del Estado Civil he dado muestras de absoluta imparcialidad y transparencia, brindando a todos los colombianos plenas garantías en los procesos misionales de la entidad”.

Como no tengo motivo para dudar de la palabra del registrador nacional del Estado Civil, doctor Galindo Vacha, me complace reproducir textualmente su aclaración amable a mi comentario, y me alegra que resultaran ajenos a la realidad los informes que recibí al respecto. Para los colombianos es un gran alivio saber que las elecciones del 2018, parlamentarias y presidenciales, estarán rodeadas de las garantías de imparcialidad absoluta y transparencia que corresponden al carácter misional de la Registraduría, y a su lema ‘Colombia es democracia, Registraduría su garantía’.


ENRIQUE SANTOS MOLANO

Columnistas

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