Sí, enseñar ética

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Las reformas de la educación jurídica, un primer paso para enfrentar las falencias de la justicia.

14 de octubre 2017 , 11:14 p.m.

Las reformas de los pregrados de Derecho en Colombia se han considerado una herramienta para enfrentar los problemas del sistema de justicia.

Mauricio García, la Corporación Excelencia en la Justicia y Claudia Romero coinciden en que uno de los mayores retos para fortalecer la justicia está relacionado con la formación de los abogados. Para García, es muy difícil enfrentar las falencias de este sistema si están alimentadas “(...) por una profesión jurídica que nunca ha tenido controles serios”.

Considerando esto, los ministerios de Educación y de Justicia han socializado un proyecto de resolución desde 2015, con universidades y diferentes sectores, para definir las características mínimas de calidad de los pregrados en Derecho.

Una mejor formación de los abogados en Colombia es prioritaria. Por eso, los compromisos adquiridos con la Ocde en abril y los objetivos del Plan Decenal del Sistema de Justicia señalan, entre otras cosas, que el Ministerio de Justicia apoyará al Ministerio de Educación en la expedición de la mencionada resolución y presentará al Congreso un proyecto para reformar los consultorios jurídicos.

Los escenarios de discusión han sido muy productivos, pues sirvieron para confirmar, por ejemplo, que es fundamental fomentar más las competencias en ética profesional de los abogados. A pesar de que autores como Kant expliquen que el paso de la heteronomía a la autonomía exige un ejercicio individual de reflexión, también es cierto que, como señaló Juny Montoya en el II Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas y V Congreso de Enseñanza de la Ética, la universidad es el escenario ideal para desarrollar el sentido moral y canalizar la buena voluntad y la apertura al mundo de los estudiantes, de tal forma que usen sus habilidades intelectuales para el bien común, más allá de la familia y de la escuela, donde debe comenzar todo el proceso. Al igual que Montoya, estoy convencido de la capacidad transformadora de la educación, y ello no es ninguna ingenuidad.

Así, concuerdo en que las reformas de la educación jurídica constituyen un primer paso para enfrentar las falencias de la justicia. El Gobierno Nacional ha avanzado en un proceso participativo e incluyente que busca, en los términos de la Ley 1188 de 2008, definir las características específicas de calidad de los programas de educación superior con los profesores y directivos docentes. Esta ley señala, expresamente, que esto se deberá realizar mediante una resolución expedida por el Ministerio de Educación.

Ahora, el hecho de que el proceso se haya desarrollado desde 2015 responde a la necesidad de lograr la mayor rigurosidad técnica y la máxima claridad metodológica en aras de respetar el principio de autonomía universitaria y de lograr un equilibrio entre este y la competencia reguladora del Estado. La autonomía universitaria no debe ser equiparada con la desregulación, se debe hacer un esfuerzo para que las regulaciones busquen no solo respetar dicha autonomía, sino impulsarla como principio básico de los Estados democráticos en los cuales, como explica Martha Nussbaum, se imbrican necesariamente las humanidades.

Para concluir, todo esto me lleva a manifestar mi agrado por la coincidencia en la preocupación del Gobierno Nacional y de la sociedad civil. Sin duda, los mínimos de calidad en materia de educación no solo deben responder a la importancia de la autonomía universitaria, sino también a la necesidad de cerrar brechas en el acceso a la educación, pues todos los colombianos merecen tener la posibilidad de acceder a una educación de calidad. Es ahí donde la competencia reguladora se debe expresar para asegurar que los programas de educación efectivamente cumplan con unos mínimos que garanticen la igualdad y fomenten la excelencia, no solo técnica, sobre todo humana.

ENRIQUE GIL BOTERO
Ministro de Justicia y del Derecho

Columnistas

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