Garantismo penal y seguridad ciudadana

Garantismo penal y seguridad ciudadana

Vamos a presentar el proyecto de ley para construir una política criminal de inclusión. 

24 de julio 2017 , 12:29 a.m.

Surge el debate respecto a la tensión entre seguridad ciudadana y garantismo penal. Nace por la encrucijada ante la persistencia de la violencia urbana y la delincuencia organizada, con una única respuesta: la necesidad de mayor represión, punición y más cárcel.

El resultado ha sido mayor marginación y exclusión social. Basta una visita a un centro de reclusión para ver quiénes conforman el mayor universo carcelario: los pobres. No existe correlación entre el aumento de las tasas de criminalidad y los incrementos punitivos, pero sí una constatación evidente: el sistema judicial penal es selectivo y atrae a los sectores más desfavorecidos. Piénsese en las mujeres encarceladas por delitos de drogas, cuyas historias de vida parecen repetirse –pobres, cabezas de familia y ajenas a las estructuras que dirigen las redes criminales–.

Nuestra política criminal ha concentrado equivocadamente sus esfuerzos en suponer que la inseguridad producida por la delincuencia se combate con la creación de más delitos, más penas y, por ende, más presos. Las consecuencias son verdades de Perogrullo: la delincuencia no disminuye, las grandes estructuras criminales persisten y las cárceles sirven para generar gravísimas violaciones de los DD. HH. de los reclusos. No es gratuito el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional.

La espuria dicotomía entre políticas de seguridad ciudadana y más derecho penal versus garantismo penal, y respeto por los derechos humanos de los condenados, ha sido solo eso: una falsa disyuntiva que nos ha hecho caer en las ya conocidas políticas de encarcelamiento masivo y la persistencia del estado de cosas inconstitucional.

Debemos generar un campo de reflexión ante la incoherencia político-criminal que rige en el país. El problema no se puede reducir a señalar, de manera simplista, que lo que se hace es aplicar políticas de excarcelamientos masivos. La grave criminalidad debe ser controlada y reprimida con la mayor severidad. Evitemos el desequilibrio punitivista, facilista y populista que incide en deslegitimar el fin resocializador y rehabilitador de la pena.

Atendiendo la necesidad de construir una política criminal de inclusión, vamos a presentar ante el Congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual pretendemos fortalecerla. Esta apuesta, consciente de las problemáticas de la grave criminalidad e inseguridad ciudadana, se equilibra con mínimos estándares que deben regir una política respetuosa de los DD. HH. y de los fines de la pena. Esta apuesta armoniza la necesidad de pena para los delitos más graves, frente a respuestas alternativas al encarcelamiento para conductas cuya lesividad social impone superar el populismo penal, que tanto daño nos ha hecho.

El proyecto de ley tiene el apoyo del Consejo Superior de Política Criminal, respeta y restablece la vigencia de los principios de intervención mínima, lesividad y proporcionalidad y brinda una respuesta racional al problema de las prisiones. Contempla medidas alternativas para evitar la desocialización que produce la cárcel, reducción de algunas penas, descriminalización de conductas que no suponen grave daño social y medidas complementarias diseñadas sobre el principio de última ratio.

Espero así comenzar a apuntalar el camino hacia una visión político-criminal del siglo XXI que entienda que es a través de la prevención, la mediación de conflictos y la recomposición de intereses, mas no de la pura disuasión, como lograremos superar el estado de cosas inconstitucional en prisiones y construir una política pública criminal donde la cárcel y el sistema penal sean la última alternativa. ¡Un difícil camino para una sociedad acostumbrada a la guerra, pero necesario para estas épocas de posconflicto!

Enrique Gil Botero*
* Ministro de Justicia y del Derecho

Columnistas

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