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El rastro de los contratos

Un abogado con esas primas de éxito no se la puede pasar visitando magistrados.

De manera muy amable, la semana pasada el magistrado Jorge Pretelt aceptó una entrevista conmigo para este periódico sobre la denuncia de un supuesto soborno. Me preguntó si podría acudir a ella acompañado del expresidente de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil. Le dije que sí. Ya en persona, aunque di por entendido que su presencia era por solidaridad y amistad con el doctor Pretelt, resolví dejar ese punto claro y le pregunté al doctor Escobar Gil si él era abogado de Fidupetrol, la empresa a nombre de la cual se habría cuadrado el supuesto soborno al magistrado. Ambos me contestaron prácticamente al tiempo que no. Con esa claridad avanzó la entrevista, sin que Escobar Gil interviniera para nada. Cuál no sería mi sorpresa cuando, dos días después, el doctor Escobar Gil reconoció en un comunicado que fue asesor jurídico de Fidupetrol. El 25 de noviembre del 2013 había firmado un contrato cuyo objeto era prestar sus servicios de “acompañamiento” a la revisión, por parte de la Corte Constitucional, de la tutela T-4.095.197, que Fidupetrol puso contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La tutela tenía por objeto tumbar una condena por valor de 22.500 millones de pesos, que debía pagarle Fidupetrol a la Gobernación del Casanare por la pérdida de millonarias regalías invertidas ilegalmente en una apuesta de carbón licuado.
Inmediatamente le reclamé al doctor Escobar Gil por haberme ocultado su interés profesional en estar presente en la entrevista. Él reconoció que no debió acompañar a Pretelt. Y me envió el contrato que firmó con Fidupetrol el 25 de noviembre del 2013, en apariencia formalmente legal. Sin embargo, tengo reparos sobre sus objetivos. A cambio de 200 millones de cuota inicial, y otros 200 millones como prima de éxito, el abogado Escobar Gil se comprometía a “plantear la estrategia jurídica” para ganar la revisión de la tutela en su antigua casa, la Corte Constitucional, de la cual no solo fue magistrado, sino presidente. ¿Con esa buena entrada en mente sería por lo que a cambio de unos millonarios honorarios, doblados con una prima de éxito, metieron a Escobar Gil en este último envión de una tutela que ya había sido repartida, sorteada y que le había correspondido al magistrado Mauricio González, el 17 de octubre del 2013, un mes antes del contrato con Escobar Gil? Salió mal la cosa. El magistrado González presentó ponencia en contra de sus pretensiones, y ha denunciado que usaron su nombre en un supuesto soborno para impedirlo.
En un contrato firmado siete meses antes, el 10 de abril del 2013, entre Fidupetrol y el abogado Víctor Pacheco (el mismo que les contó a 3 magistrados de la Corte Constitucional que su colega Jorge Pretelt supuestamente le había pedido 500 millones para él y para González), la empresa se había comprometido a pagarle al abogado 100 millones por presentar la tutela. Luego, mediante un otrosí del 4 de octubre del 2013 (días antes de la selección de la tutela), les adicionó a los honorarios otros 50 millones (no dice por qué), y le ofreció 100 millones más si la Corte Constitucional la seleccionaba. Efectivamente, lo hicieron entre dos magistrados, uno de ellos el controvertido Alberto Rojas Ríos, quien salió de la Corte por vicios en su elección. En el contrato original pactaron además con Pacheco una prima de éxito de 440 millones (2 % de 22.500 millones) si la tutela tumbaba la sentencia de la Corte Suprema. Un profesional con esas primas de éxito no se la puede pasar dándoles vuelta a magistrados de ninguna corte, como Pacheco lo hacía, y menos aún visitar en su casa, bajo ningún concepto, a un magistrado de la Corte Constitucional que tuviera que ver con la revisión de la tutela.
Un exmagistrado que fue asesor del caso tampoco puede acompañar a un magistrado, señalado supuestamente de recibir un soborno por el mismo caso, a la entrevista con un periodista.
Entre tanto... ¿Dónde está la grabación? Que la suelten.
María Isabel Rueda
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