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El preciado gas

Lo utilizan 7,5 millones de hogares y casi medio millón de vehículos.

Por estos días, un estudio macrofiscal de la Contraloría General de la República sobre el abastecimiento del gas en Colombia desató fuertes reacciones del gremio, en cabeza de Eduardo Pizano, y comentarios al respecto del ministro de Minas y Energía, Tomás González.
El estudio de la Contraloría tiene un propósito: alertar a las autoridades responsables sobre la necesidad de mantener actualizadas las políticas del sector con el único fin de que en el proceso de masificación del gas en ningún momento falte el preciado elemento. En otras palabras, lo que queremos desde la Contraloría, y ese es nuestro deber con el país, que se minimice el riesgo de que un día cualquiera se abra la válvula y nos demos cuenta, de repente, de que ya no hay gas.
Para entender por qué lanzamos la alerta es necesario remontarnos a la historia reciente, para recordar que el uso masivo del gas es relativamente nuevo en Colombia. Solo comenzó a pensarse seriamente en esta alternativa tras el apagón de los años 90; la masificación comenzó en 1995, y en el 2005 se declaró que la misma ya era un éxito.
Para ese entonces el país contaba con importantes reservas acumuladas y el gran hallazgo de Ballenas, en La Guajira, nos dio un buen colchón. Sin embargo, en el 2009, hace apenas seis años, el propio Gobierno señaló que las reservas probadas de gas daban para 9,7 años. Es decir, hasta julio del 2018.
Desde ese año (2009) hasta ahora no se ha logrado tener la certeza de un nuevo yacimiento de gas probado. Se han descubierto varios pequeños, que ya tuvieron su máxima producción e impactan en menos del 1 por ciento del total del país. Y se han descubierto otros, de mayor tamaño, pero todavía no han producido gas, ni está probado que sea viable su producción. Es decir, ni con los unos ni con los otros se puede afirmar que el abastecimiento esté garantizado.
Por supuesto, son positivos para el país los anuncios de hallazgos en el pozo Orca-1, en aguas de La Guajira, y el del bloque Fuerte Norte, en el que la estadounidense Anadarko viene trabajando, también en el Caribe, pero aún el país no sabe cuál es su potencial real. A eso se suma el hecho de que, por ser operaciones en aguas profundas y ultraprofundas, en caso de que se hagan realidad esas reservas, su desarrollo y puesta en funcionamiento pueden tomar por lo menos unos seis años.
Ojalá esos descubrimientos se traduzcan en reservas probadas. Eso es lo que cualquier colombiano sensato desearía para el país. De hecho, nos podríamos convertir en un centro de distribución de gas para toda América Latina.
Sin embargo, la experiencia que tuvimos con Opón, que se vendió en su momento como un enorme campo de gas y luego no produjo nada, nos demuestra que hay que tener un pájaro en mano y no ciento volando.
El rápido crecimiento en el consumo de gas en los últimos años y el crecimiento prácticamente de cero de las reservas probadas del valioso elemento nos obligan, como Contraloría General, a lanzar una alerta para que el Gobierno ajuste las políticas del sector y el Estado juegue el papel que le corresponde en defensa de los ciudadanos.
Ya se tienen noticias de restricciones en contratos que requieren firmeza en el suministro de este combustible: se negocian de manera interrumpida, en especial para las termoeléctricas, debido a la poca holgura que permiten las reservas actuales. Todo, debido a las prioridades establecidas por el Gobierno. Es de anotar que cualquier proyecto de desarrollo que requiera gas natural en la actualidad tiene dificultades para obtener este combustible.
El gas es un factor sensible hoy en el país. Lo utilizan 7,5 millones de hogares y casi medio millón de vehículos. Es una obligación de los gobernantes crear una política pública que garantice el autoabastecimiento. Uno no necesita un seguro de vida, lo que necesita es vivir. Para el país no es suficiente tener las reservas en el papel, necesitamos el gas. Y mientras más pronto, mejor.
* Contralor general de la República
Edgardo José Maya Villazón
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