"Nada funciona"; sufrimos de "bloqueo institucional"; "tenemos que volver a ordenarlo todo". Con estas razones, el representante Miguel Gómez Martínez (partido de 'la U') había anunciado su propuesta de "constituyente con revocatoria de Congreso" (El Espectador, 24-6-12). En un artículo publicado en su portal electrónico, se refirió a "una nueva Constitución" que además crease un congreso "unicameral".

El proyecto que presentó el 20 de julio no incluye la "revocatoria" ni el unicameralismo. En vez de la reordenación total, la "asamblea nacional constituyente" se ocuparía de una agenda "limitada". Y en días recientes ha modificado ligeramente el lenguaje: sería una asamblea "constitucional" en vez de "constituyente" (EL TIEMPO, 29-7-12). Pero el proyecto y su exposición de motivos merecen un debate en sus propios términos.

Según Gómez, estaríamos enfrentando "tres crisis constitucionales": en la justicia, el sistema de reelección presidencial y la organización territorial. Como estas crisis "no encuentran dentro de los cauces ordinarios del establecimiento camino alguno para su solución", habría que convocar una "constituyente".

Aunque el proyecto establece un "principio de limitación" y enumera temas específicos sobre los cuales la asamblea no podría deliberar ni decidir, la agenda es amplia y ambigua. Para las reformas de la justicia y el régimen territorial, la asamblea podría abordar "todos aquellos temas" no contemplados en los respectivos títulos de la Constitución (VIII y XI), pero que estuviesen relacionados con ambas materias.

En tales términos, tan solo en esas dos materias, en sí mismas de envergadura, la constituyente sería un enorme salto al vacío, lleno de riesgos e incertidumbres. ¿Qué sería exactamente lo que se busca reformar? ¿Hasta qué punto los problemas identificados son "crisis constitucionales"? ¿Se requiere modificar una vez más la Constitución para mejorar la justicia? ¿Cuáles son los costos y beneficios de reordenar el territorio en "regiones"?

Más allá del vago y ambicioso temario, el proyecto plantea la discusión del mecanismo sugerido para la reforma: una asamblea constituyente. La propuesta se sustenta en un simple argumento: el Congreso no tendría ni la capacidad ni la voluntad para hacer dichas reformas. Diversas voces simpatizan con la constituyente. La revista Semana, por ejemplo, ve "grandes ventajas" en una constituyente de especialistas para reformar la justicia. Augusto Trujillo Muñoz defiende que se recurra a una constituyente por ser "apertura de espacios políticos".

Al caído, caerle. El Congreso está pasando por uno de los peores momentos de su historia reciente. La lógica de sustituirlo por una constituyente que cumpliese la misión reformista parecería incuestionable. Sería una lógica facilista.

Hay un primer problema de procedimiento. Si no hay voluntad ni capacidad de reformar en el Congreso, ¿por qué sí va a tener capacidad y voluntad para delegar sus funciones? (Sin la aprobación de una ley por el Congreso no habría constituyente.) Hay además un reto democrático fundamental sobre la naturaleza y las tareas mismas del Congreso. ¿Se resuelve el reto con una constituyente? ¿Cómo garantizar que otra asamblea constitucional vaya a ser el escenario más propicio para reformar en democracia?

El representante Gómez ha propuesto un debate "para ver si estamos lo suficientemente maduros para una reflexión institucional integral". Bienvenido. Quizás no debiera sorprender el que dominen todavía entre nosotros las nociones de "reformas estructurales". Pero una mejor señal de madurez reformista sería la del abandono definitivo de tanto proyecto de constituyentes que nos condenan a vivir en revolcón perpetuo.