Semanas antes de la crisis financiera en Estados Unidos, The New York Times destacó en primera plana un par de informes sobre el problema de las drogas en Latinoamérica. El tema, sin embargo, no parecía trasladarse a las páginas de opinión. Las drogas tampoco fueron objeto de preocupación en los discursos de los candidatos presidenciales en las convenciones de sus partidos. Si antes del pánico financiero no ocupaban un lugar prioritario en el debate público norteamericano, pues ahora las perspectivas de recibir la atención que merecen son aún más limitadas. Parecería que la discusión allí estuviese congelada, a pesar de las noticias sobre la continuidad y hasta creciente gravedad del problema en la región.

A pocos meses de la evaluación de los diez años de la estrategia contra las drogas, acogida por la asamblea especial de las Naciones Unidas en 1998, existe ya un sentimiento generalizado de frustración. Las políticas dominantes no han producido los resultados esperados.

En este contexto, la segunda sesión de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia -celebrada en Bogotá a comienzos del mes pasado- anticipa nuevas iniciativas que servirían para reanimar el debate. Conformada por líderes intelectuales y políticos de la región, la Comisión ha generado expectativas. Los resultados finales de su trabajo sólo se conocerán después de una tercera reunión en México. Como Martin Jelsma observara en su encuentro inaugural en Río de Janeiro, "ya era hora de que Latinoamérica desarrollara sus propias respuestas" al problema de las drogas.

"Urge un cambio de dirección", señaló EL TIEMPO (3/09/08). Hay pocas dudas sobre la necesidad de reformular las políticas. Pero es más fácil reconocer el problema que encontrarle solución. Existen, sin embargo, algunos principios básicos sobre los cuales debe replantearse cualquier estrategia.

El más básico de todos es el de la "multilateralidad", fundamental, por supuesto, al sistema de la ONU. En la práctica, las políticas hacia las drogas en la región han seguido los designios unilaterales de los Estados Unidos (la "descertificación"), o los acuerdos bilaterales (Plan Colombia o Iniciativa de Mérida). Hay, es cierto, una agencia de la OEA dedicada al problema, con tareas de importancia como el "mecanismo de evaluación mutua" de la lucha contra las drogas. Y han existido algunos esfuerzos multilaterales, como la iniciativa andina en la que participara activamente la administración Barco. No obstante, estamos muy lejos de una estrategia multilateral efectiva: sin la coordinación de esfuerzos entre distintos países y regiones, las políticas contra las drogas podrán quizá dar resultados en uno que otro país, pero globalmente están condenadas a seguir fracasando.

El otro principio elemental es el de su definición compleja y multifacética. Juan Gabriel Tokatlián ha sugerido la necesidad de superar las simples dicotomías que dominan la discusión. La diferencia entre países consumidores y productores pierde sentido cuando se examina la variada oferta del mercado, incluidas la marihuana y las drogas sintéticas, y las otras actividades ilícitas que le acompañan -tráfico de armas o lavado de activos-.

Tampoco tiene mayor sentido definir el problema como si fuese solo de salud pública o solo de seguridad. Ambas dimensiones deben tomarse en cuenta. Hay que darles más centralidad a los problemas de salud asociados con las drogas. Pero sería iluso pensar que una política sobre drogas puede desentenderse de la necesidad de combatir a poderosas organizaciones criminales, responsables de violencia atroz -como ahora lo está sufriendo también México-.

Ha predominado cierta inercia regional en materia de política contra las drogas. Se requieren más tanques de pensamiento, más apoyo a quienes investigan estos temas: sólo así podrán generarse iniciativas propias de serio impacto global. Ojalá el trabajo de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia contribuya efectivamente a despejar el camino.

Eduardo Posada Carbó