No deja de sorprender que el proyecto de hacer ciudadanos a la fuerza regrese al Congreso.

    'De momento, el voto obligatorio está descartado en Colombia', decía un titular de 'El Espectador' el 30 de agosto pasado. Preocupa el "de momento".

    Como recordó Germán Uribe en semana.com, desde mediados del año anterior se radicó en el Congreso un proyecto que busca imponernos la obligación de votar. Al parecer, sigue su curso. La amenaza del voto obligatorio revive con frecuente periodicidad. Quienes creemos en la libertad de votar, andamos a la permanente defensiva, forzados a repasar, una y otra vez, los términos de la discusión.

    El debate sobre la naturaleza del voto es tan antiguo como la misma democracia. Quienes propician entre nosotros su obligatoriedad aducen varias razones.

    Argumentan que el voto obligatorio sería un arma contra la corrupción de la clase política. Que serviría de herramienta contra la abstención. Que por ello perfeccionaría la democracia. Que -como observa Juan Gabriel Gómez en elespectador.com- el votar es un deber ciudadano y así se fortalecen los valores de la comunidad. No son argumentos despreciables. Pero hay que recibirlos con escepticismo. Y las razones contrarias tienen mucho más peso.

    El escepticismo surge por la falta de respaldo empírico a tales proposiciones. La Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos en imponer el voto obligatorio, en 1912. Su resultado inmediato fue el de impulsar la participación electoral. Sin embargo, no hay evidencias de que la medida hubiese perfeccionado la democracia argentina durante el resto del siglo veinte, ni que hubiese servido para combatir la corrupción.

    Ejercicio similar podría hacerse en casi todos los países en Latinoamérica -la región mundial del voto obligatorio-. Habría que extender el ejercicio comparativo a otras democracias de Occidente. Los niveles de corrupción en la Gran Bretaña, donde no existe el voto obligatorio, son menores que los de Italia.

    Existen razones particulares que ayudarían a explicar la adopción del voto obligatorio en algunos países. En Australia o Argentina, por ejemplo, quizá lo acogieron para integrar políticamente a los inmigrantes. No lo hicieron, sin embargo, los Estados Unidos, donde el voto ha sido predominantemente voluntario, allí prefirieron formar ciudadanos a través del sistema educativo.

    Colombia sobresale en Latinoamérica por ser uno de los pocos países donde, con la excepción de breves períodos durante la independencia, el voto siempre ha sido voluntario. Deberíamos apreciar su existencia como parte de las tradiciones democrático-liberales del país, en vez de querer imitar a los vecinos.

    Existe además una razón práctica para oponerse al voto obligatorio. Para que sea efectiva, la obligatoriedad requeriría un sistema de sanciones. ¿Qué castigos proponen los defensores del voto obligatorio a quiénes no voten? ¿Que se les impida salir del país? ¿Multas? ¿Que pierdan la posibilidad de emplearse en el sector público? ¿Qué cuerpo se encargaría de vigilar el cumplimiento de las sanciones?

    Hay más argumentos. Obligados a votar, los desinteresados irían a las urnas a cumplir con su "deber" al azar (así lo comprueban experiencias de otros países). Y la obligatoriedad de votar liberaría a los políticos de una de sus principales funciones en una democracia: motivar el interés público entre los ciudadanos.

    El voto obligatorio es una mala idea, desterrada hasta ahora de nuestras tradiciones políticas. No deja de sorprender que, año tras año, el proyecto de hacer ciudadanos a la fuerza regrese al Congreso. Por fortuna, también hasta ahora, tales iniciativas se han hundido en el proceso legislativo. Pero quizás hace falta un debate más amplio para evitar que la amenaza resurja con tan cansona frecuencia.