Oposición y pactos

Oposición y pactos

Es difícil concebir una oposición con un solo vocero, como parecen reclamarlo algunos.

13 de julio 2018 , 12:00 a.m.

El lunes pasado, el presidente Santos sancionó el estatuto de oposición. El mismo día suscribió un ‘Pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales’, que llevaba también la firma del presidente electo, Iván Duque, y las de presidentes de varios partidos políticos, incluidos el Polo Democrático, el partido Verde y la Fuerza Alternativa Democrática del Común.

Mientras los titulares de los medios, en sus ediciones electrónicas, destacaban la noticia del estatuto de oposición, la firma del pacto parecía relegada a un segundo plano, o simplemente ignorada. Semana la registró en uno de sus ‘confidenciales’. El hecho merece mucha más atención. Y su coincidencia con la publicación del estatuto sirve para reiterar la importancia de entender que las prácticas de la oposición no son incompatibles con la existencia de ciertos acuerdos entre Gobierno y oposición.

Por el contrario, sin tales acuerdos las democracias no son viables.

Quizás sea necesario subrayar el significado del estatuto firmado por el Gobierno.
“Una deuda histórica”, se ha dicho en la prensa. Algunos tal vez lo desprecien como una formalidad legal, y nada más. La historia de la oposición política en Colombia aún está por escribirse, pero, desde la creación de la figura en la Constitución de 1991, el Congreso estaba en mora de darle vida al estatuto de la oposición. Y creo que sería equivocado subvalorar lo logrado.

Mientras los titulares destacaban la noticia del estatuto de oposición, la firma del pacto parecía relegada a un segundo plano, o simplemente ignorada. El hecho merece mucha más atención.

No es que hasta el lunes pasado no existieran garantías para el ejercicio de la oposición. Como el mismo Santos expresó, basta observar que las pasadas elecciones se decidieron, en segunda vuelta, entre dos candidatos opositores a su gobierno. Pero el estatuto busca darle mayores herramientas a la oposición, introduciendo así mejores condiciones para nivelar la competencia política.

Las mejorías son múltiples, desde financieras hasta de procedimiento. Las nuevas medidas ayudarán a evitar el transfuguismo. Promoverán el debate público, donde la voz del Gobierno sienta un mayor contrapeso de las voces de la oposición. Servirán al propósito del control político en el Congreso.

Como nuestro sistema dejó de ser bipartidista desde hace ya algún tiempo, y en su reemplazo tenemos un sistema bastante fragmentado, es difícil concebir una oposición con un solo vocero, como parecen reclamarlo algunos. El senador Jorge Robledo tiene razón al aclarar que el estatuto no ha establecido la figura del ‘jefe de la oposición’. Cada partido que se declare en oposición tendría “su propio vocero”. Ello no niega que entre los partidos de la oposición lleguen eventualmente a acuerdos.
Es así mismo importante advertir que la promulgación del estatuto no niega que existan acuerdos entre Gobierno y oposición. La Constitución es el más básico y elemental. De Perogrullo, por supuesto. Y de ella se debería derivar el rechazo a toda violencia. ¿Para qué entonces un pacto más?, preguntarán algunos.

Ciertos hechos hacen obligatorio el pronunciamiento de los líderes de un país, sobre todo cuando están de por medio la vida, la seguridad ciudadana y la paz social. Tales pronunciamientos sirven para reforzar valores colectivos en todo el territorio nacional. Como lo expresó Rodrigo Uprimny, la condena de los asesinatos de líderes sociales debe ser “un punto de consenso político nacional”, por encima de cualquier diferencia (El Espectador, 7/7/2018). Uprimny hace referencia al pacto contra el terrorismo que los principales partidos españoles firmaron en Madrid en 2000, un documento aleccionador.

El ‘Pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales’, suscrito el lunes pasado, exige mayor eco. Y mayor amplitud, tanto en firmas como en contenido.

EDUARDO POSADA CARBÓ

Columnistas

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