Malabarismo electoral

Malabarismo electoral

Las reglas básicas de juego requeridas en democracia dejaron de existir en Venezuela.

09 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

“Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones”, observó Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen de Maduro, ante la Asamblea Nacional Constituyente hace algunas semanas. En aquel momento, las próximas elecciones presidenciales venezolanas estaban anunciadas para abril. Ahora se han aplazado hasta mayo.

Tales malabarismos con el calendario electoral revelan, por sí solos, la falta de certeza sobre las reglas básicas de juego requeridas en democracia. Estas dejaron de existir en Venezuela. Allí reina la arbitrariedad.

¿Qué significado tiene el aplazamiento de unas elecciones que se habían anticipado inconstitucionalmente? ¿A quién cree Cabello que engañó con su mensaje electoral?
Al reciente aplazamiento de las elecciones pueden dársele diversas lecturas. Una de ella es que, pese a las palabras de Cabello, las sanciones o amenazas de sanciones del “mundo” han servido de presión. El régimen madurista aceptó algunas (solo algunas) de las garantías electorales exigidas por la oposición. Y las acordó con algunos (solo algunos) de los miembros de la oposición.

La perspectiva de unas elecciones presidenciales con un solo candidato (el presidente Maduro) no tenía presentación alguna. Con la candidatura de Henry Falcón, apoyada por tres agrupaciones políticas en la oposición, el régimen pretende cubrirse con mantos de legitimidad.

¿Servirán estas elecciones presidenciales para sacar a Venezuela de la crisis humanitaria en la que se encuentra, negada tercamente por su mismo Gobierno?

¿Será acaso suficiente para convencer a los venezolanos y al mundo de que lo que se ha instalado en Venezuela no es un régimen autoritario? Y más importante: ¿servirán estas elecciones presidenciales para sacar a Venezuela de la crisis humanitaria en la que se encuentra, negada tercamente por su mismo Gobierno?

Ciertas “garantías electorales” acordadas entre el régimen y algunos sectores de la oposición formaban parte del paquete de exigencias discutidas durante las negociaciones en República Dominicana. El Gobierno, por ejemplo, aceptó que se conformara una “delegación de acompañamiento y observación electoral” internacional.

Sin embargo, como lo anotó un análisis de Eugenio Martínez en Prodavinci.com, un buen número de los puntos acordados no hacen sino reiterar lo que dice la legislación electoral venezolana (3/3/2018). Lo acordado excluye cosas tan elementales como para negarles cualquier carácter “garantista” a las tales “garantías electorales”.

Basta registrar la continua inhabilitación de notables partidos de la oposición, como Voluntad Popular y Primero Justicia, y la persecución contra muchos líderes opositores. Martínez también señala la exigencia de “reequilibrar” el Consejo Nacional Electoral, dominado por el Gobierno. Habría que añadir el continuo desconocimiento de la Asamblea Nacional, elegida por voto popular en 2015.
Podríamos extendernos. Lo dicho es más que suficiente. Sin la participación de los principales partidos de la oposición y sin unas autoridades electorales confiables, ¿quién puede creer en esa farsa electoral que Maduro y sus amigos siguen armando para mayo?

Puede, así mismo, revisarse la serie de exigencias de orden técnico que hacen falta. No debe sorprender que Smartic, la empresa que durante quince años auditó allí catorce elecciones, anunció esta semana que cerraba sus oficinas y cancelaba sus operaciones en Venezuela.

“La democracia en Venezuela está muerta”, expresó Steven Levistsky, profesor de Harvard y coautor del libro reciente How Democracies Die: “Esa muerte comenzó con Chávez, pero fue materializada por el régimen de Maduro”. El régimen podrá seguir “aplicando elecciones”, pero los comicios arbitrarios de mayo apenas servirán para confirmar la permanencia del cadáver, a la vista de todos.

EDUARDO POSADA CARBÓ

Columnistas

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