Crónica de una muerte anunciada

Crónica de una muerte anunciada

Si no lo ha hecho, Maduro debe repasar ya la Carta Democrática.

07 de abril 2017 , 12:00 a.m.

Días antes de las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela, a fines del 2015, el analista Moisés Naím contemplaba tres posibles acciones de Maduro frente a la inminente derrota de las fuerzas gubernamentales: suspender las elecciones, producir un “milagro” o darse “un baño de democracia” –es decir, concederle la victoria a la oposición–.

Naím le apostó al último escenario, con una advertencia inmediata. Muy pronto, el Gobierno, legitimado “ante el mundo” por el “baño” electoral, le quitaría facultades al Legislativo, como ya el chavismo había hecho al perder en las urnas la alcaldía de Caracas años atrás.

Las predicciones de Naím no tardaron en hacerse triste realidad.

Lo ocurrido la semana pasada, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se atribuyó para sí las funciones del Legislativo, ha sido el último de una serie de golpes contra la Asamblea Nacional. Quizás el más desafiante. Y temerario. Tanto que el régimen se vio obligado a recular, tras las reacciones de sus propios aliados. Fue la denuncia pública de la fiscal general, Luisa Ortega, al señalar las violaciones del orden constitucional, lo que motivó que el TSJ revisara sus sentencias.

Las acciones contra la Asamblea se anticiparon a su misma elección, desde que el Legislativo saliente, en mensaje de despedida, llenara entonces doce vacantes en el TSJ con magistrados adictos al Gobierno. También proclamó la existencia de un “Parlamento comunitario”, en contra del Congreso elegido por voto popular.

Ahora un pronunciamiento suscrito por 19 países de la OEA, entre ellos Colombia, expresa que en Venezuela existe una “alteración del orden institucional”.

Tales medidas, abiertamente indicativas de la falta de respeto por la división de poderes, se acompañaron de un lenguaje amenazador, también desde antes de la elección de la Asamblea en diciembre del 2015. Maduro advirtió que, de perder las elecciones, la revolución persistiría: gobernaría con el pueblo, en alianza con los militares, “en la calle”, “porque en la calle nosotros somos candela con burundanga”.

El veredicto de las urnas fue apabullante: la oposición conquistó 112 de las 167 curules de la Asamblea Nacional. Pero quien se ha lanzado “a la calle” ha sido con frecuencia la oposición, acorralada por el gobierno de Maduro, mientras su popularidad se mantenía en descenso.

“A cada medida que tome la Asamblea –observó Maduro al reconocer la derrota– le tendremos una reacción constitucional, revolucionaria y, sobre todo, socialista”. No era ciertamente señal de lo que se ha llamado “el consentimiento del perdedor” –condición del juego democrático–.

Desde el momento de su instalación, la Asamblea Nacional se vio atacada por el TSJ. Primero fue la acusación de desacato, por aceptar la presencia de tres diputados del estado Amazonas, cuya elección era disputada por el TSJ. Siguieron después sucesivas decisiones del TSJ que anulaban, uno tras otro, los actos legislativos del Congreso venezolano.

La reacción del régimen a la derrota en las elecciones legislativas en diciembre del 2015 ha estado lejos de ser constitucional, como se demostró una vez más la semana pasada. Ya lo había denunciado, en varios documentos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Ahora un pronunciamiento suscrito por 19 países de la OEA, entre ellos Colombia, expresa que en Venezuela existe una “alteración del orden institucional”.

Es curioso que el último golpe contra la Asamblea Nacional se haya producido solo horas después de que Venezuela saliera relativamente bien librada de la sesión extraordinaria de la Asamblea General convocada por Almagro. Como si el régimen quisiera poner a prueba los niveles de tolerancia internacional.

Si no lo ha hecho, Maduro debe repasar ya la Carta Democrática.

EDUARDO POSADA CARBÓ

Columnistas

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