Sustitución de cultivos ilícitos

Sustitución de cultivos ilícitos

El pronóstico sobre el supuesto fracaso de la sustitución voluntaria carece de fundamento y rigor.

22 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

La sustitución de cultivos ilícitos, como componente esencial de la construcción de paz, es por estos días motivo de debate nacional, que nos parece saludable siempre y cuando se dé con el rigor de la verdad.

Pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, el pronóstico de Jaime Castro, en su columna en EL TIEMPO del 18 de febrero, sobre el supuesto fracaso de la sustitución voluntaria, carece de fundamento y rigor por cuanto está sustentado en información y conclusiones de un borrador de tesis de doctorado, no publicada pero sí publicitada, del investigador Daniel Rico, en el que se analizaron los programas de desarrollo alternativo del país durante el período 2003-2014; esto es, en el mejor de los casos, tres años antes de que se pusiera en marcha el actual programa de sustitución de cultivos ilícitos (Pnis), cuyo inicio se dio en mayo de 2017.

El Pnis, iniciado hace 8 meses, se desarrolla en 2.490 veredas de 85 municipios en 15 departamentos y, con corte a 31 de enero de 2018, había vinculado con compromisos individuales a 54.576 familias. En 70 misiones, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha realizado monitoreo del 56 % y, como consecuencia, 28.660 familias han recibido por lo menos el primer apoyo para su sostenimiento y seguridad alimentaria. Para estas familias, en la primera de cinco verificaciones previstas a lo largo de 2 años, la UNODC ha certificado 16.754 hectáreas de coca, que, para los no conocedores, equivalen a un área igual a la que ocuparían 23.456 canchas de fútbol como la del estadio El Campín de Bogotá.

Es claro que no basta con la acción encomendada al programa –retirar, sustituir o erradicar los cultivos ilícitos–. La sostenibilidad del proceso depende de la transformación de esos territorios.

En su artículo ‘¿Fracasó la sustitución voluntaria?’, el exalcalde hace referencia a puntos que me gustaría exponer, y dar respuesta a lo que se plantea.

1) “Hasta el momento, el país ha gastado más de 3 billones de pesos”. A la fecha, el programa ha invertido y comprometido 315.000 millones de pesos del presupuesto asignado en 2017 en desembolsos a familias e inversiones para desarrollo de proyectos productivos con Corpoíca, Fedecacao, Fedecafé, entre otros planes.

2) “En el 95 por ciento de las zonas priorizadas para sustituir coca no había coca”, y “Las inversiones para sustituir coca se hacen en las veredas más cercanas a los cascos urbanos, donde no está la coca”. Estas, las principales conclusiones del trabajo de Rico, son válidas para los programas de desarrollo alternativo que se ejecutaron en el pasado. El Pnis, de la mano del proceso de paz con las Farc, ha ingresado a los territorios en donde se desarrollaba el conflicto y se encuentran los cultivos. Así lo corroboran, entre otros, los informes de la UNODC, Fundación Ideas por la Paz (FIP), el Observatorio de Drogas de Indepaz.

3) “El incentivo de los 36 millones es perverso, porque “sembrar una hectárea de coca vale cerca de 6 millones, lo cual hace más rentable cultivar coca que no hacerlo”. Más allá de lo que cuesta, según Castro, sembrar una hectárea de coca, lo que es perverso e ilegal es que por causa de este valor, las redes criminales obtengan miles de millones en rentas malditas que, ante el avance del programa, terminan en asesinatos y amenazas a líderes sociales, funcionarios, comunidades y entidades comprometidas con el proceso de sustitución voluntaria y de construir una vida en la legalidad.

4) “Con cargo a los presupuestos del programa, no se han hecho ‘inversiones en bienes públicos rurales’. Por todo ello, sectores del Gobierno y estudiosos del tema consideran que la estrategia en curso es injusta, insostenible e ilegal”. Es claro que no basta con la acción encomendada al programa –retirar, sustituir o erradicar los cultivos ilícitos–. La sostenibilidad del proceso depende de la transformación de esos territorios mediante su articulación con los mercados, seguridad, proyectos productivos, tierras, vías, bienes y servicios públicos e inversión privada. Estas tareas, aún más complejas, se están trabajando desde la nueva institucionalidad de la paz y el posconflicto.

El éxito del programa es el fracaso de quienes quieren heredar esas rentas y perpetuarse en la ilegalidad.

EDUARDO DÍAZ URIBE
* Director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Alta Consejería para el Posconflicto

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