Uber: todos equivocados

Uber: todos equivocados

La solución definitiva empieza por reconocer que Uber llegó para quedarse, pero debe jugar limpio.

21 de marzo 2017 , 04:11 a.m.

Uber, la plataforma digital que conforma una red de transporte privado al conectar usuarios con conductores, es una idea disruptiva que data del 2011 y sigue generando profundas transformaciones en la movilidad de más de 500 ciudades del mundo. En el caso colombiano, similar a lo ocurrido en otros lugares, el proceso de asimilación de esta nueva forma de transportarse ha estado caracterizado por grandes desatinos de los actores involucrados.

En primer lugar, se equivocan los conductores de taxi al oponerse con agresividad y violencia a lo que constituye un cambio en su entorno de mercado. Se equivocan de igual forma al pretender reglas específicas que protejan el interés particular y privado que ellos representan. Mucho más inteligente y efectiva sería la ideación de una estrategia por medio de la cual mejoren la calidad de su oferta para competir por los usuarios, quienes seríamos los primeros y principales beneficiados.

También se equivoca Uber al insistir en su táctica internacional de entrar a la fuerza, haciendo valer su poderío económico y en franco irrespeto de las normas locales, aprovechándose de la debilidad institucional y del galimatías jurídico que conforman nuestras leyes de tránsito y transporte. Se equivoca esta empresa al buscar una participación significativa en un negocio que mueve miles de millones de pesos al día, con la pretensión de no pagar tributos locales. Esta realidad, no obstante la popularidad entre usuarios del servicio, desvirtúa la función social del transporte y se constituye, a la vez, en un accionar que todos los colombianos debemos reprochar.

Sobre todo, se equivoca el Gobierno Nacional al mantenerse como espectador mudo de la difícil situación que se ha configurado. La muy esperada Resolución 2163 del 2016, que reglamenta la oferta de taxis de lujo, no logró nada de fondo y, según la misma Superintendencia de Industria y Comercio, dicha norma mantiene y acentúa los problemas de mercado de la industria de taxis. La difícil coyuntura no se resolverá por sí sola, y el Estado sigue en deuda con una intervención en la que la calidad y seguridad del servicio sean los principales objetivos.

Todo lo anterior se puede resolver sin prohibir un servicio que ha demostrado de forma contundente su utilidad y conveniencia, y sin convertir a Colombia en una nación retrógrada en la que las leyes imposibiliten el uso de plataformas tecnológicas o en donde vayamos en contra de la tendencia mundial de la economía compartida. Prohibir Uber, Netflix o Airbnb sería equivalente a haber vetado el ingreso de los cajeros automáticos en los años 70, dado el riesgo que implicaban para la estabilidad laboral de los operarios de las sucursales de banco.

Uber es legal, paga impuestos locales y se encuentra plenamente vinculado y articulado con los sistemas de transporte público en muchas de las ciudades en las que opera. Cada país y ciudad tienen sus particularidades y no existe solución única, pero lo cierto es que existen alternativas por medio de las cuales pueden gestionarse y resolverse las distorsiones asociadas con el valor de los cupos de los taxis y el esquema tarifario que regula la operación de estos.

La solución definitiva empieza por reconocer que Uber llegó para quedarse, pero que debe jugar limpio. Aquí podríamos seguir el ejemplo de países como Australia, en donde la tarifa pagada por los usuarios de dicho servicio incluye una sobretasa que se utiliza para la recompra de los cupos adquiridos por los propietarios de taxis. Este mecanismo, que describiré en mayor detalle en mi siguiente columna, ha demostrado su efectividad y es respetuoso de la apuesta hecha por quienes buscaron ser actores legales en los ecosistemas de movilidad.

EDUARDO BEHRENTZ@behrentz

Columnistas

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