¿Tutela para el agua?

¿Tutela para el agua?

Aquí, la mezcla de buenas intenciones y desconocimiento podría conformar un coctel en el que el remedio resulte peor que la enfermedad.

21 de noviembre 2016 , 04:55 p.m.

Hace trámite en el Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional para que el acceso al agua potable sea un derecho fundamental protegido por la acción de tutela. Esta discusión recoge un antiguo debate entre doctrinas del derecho y de la economía en lo referente a la forma en que el Estado debe cumplir su función social.

La doctrina de derechos que proviene del desarrollo constitucional europeo, en el que se inspira el modelo colombiano, dicta que la mejor forma de proteger a la población es por medio de la acción constitucional. Los derechos civiles y de representación, los de carácter social y, más recientemente, los asociados a pretensiones colectivas se han incluido, progresivamente, como parte del bloque protegido directa o indirectamente (vía concepto de conexidad) por la carta magna de estos países. Quienes apoyan esta doctrina entienden que sin la intervención judicial, la rama ejecutiva del Estado no tendría los incentivos para ejecutar su rol de manera efectiva.

La doctrina económica, por su parte, tiene una aproximación distinta, en la que se cuestiona la razonabilidad de elevar ciertas necesidades a derechos fundamentales sin antes verificar que las acciones para lograrlo obedezcan al principio de sostenibilidad en el largo plazo, de tal suerte que no se ponga en riesgo el cubrimiento de otros derechos y servicios proveídos por el Estado. Los defensores de este enfoque señalan que propender por una larga lista de derechos fundamentales implica, en la práctica, que no haya ninguno de estos, por lo cual la recomendación se inclina hacia el principio de establecer prioridades para actuar de manera conforme.

Ninguna posición tiene la verdad absoluta y en el ejercicio de los matices se halla con frecuencia las respuestas. Es cierto que no podemos seguir permitiendo que mueran niños por falta de agua ni continuar siendo testigos del atraso de algunas regiones por falta de servicios básicos. Pero es igualmente cierto que la solución a estos problemas debe obedecer a un criterio informado. Los planes departamentales de agua son el mecanismo idóneo y debemos fortalecerlos, al tiempo que correspondan a un diseño económico y no a la orden de un juez de tutela, cuyos fallos podrían poner en aprietos a gobernantes locales ante la imposibilidad técnica de resolver el suministro de forma inmediata. Aquí, la mezcla de buenas intenciones y desconocimiento podría conformar un coctel en el que el remedio resulte peor que la enfermedad.

El servicio regular y sostenido de agua potable residencial requiere inversiones en infraestructura, mantenimiento y operación, que para el caso de la demanda de todo el país (de unos 80 metros cúbicos por segundo) implica un gasto recurrente que se cuenta en varios billones de pesos al año. Esta cifra muestra el tamaño del desafío y la importancia que adquiere el conocimiento y la responsabilidad de largo plazo al momento de tomar decisiones. Asimismo, las causas del actual problema de cobertura y calidad, que afecta a millones de colombianos y es especialmente crítico en zonas rurales, son variadas y exceden la mera decisión de hacer las inversiones para llevar el líquido a las regiones. En incontables ocasiones ha existido tanto la voluntad como los recursos financieros, pero en el cáncer de la corrupción estatal y de los contratistas inescrupulosos se han dilapidado las oportunidades de solución. Esto no lo resuelve la acción de tutela.

Es necesario resaltar que el agua potable ya es un derecho fundamental en Colombia, dadas las providencias de la Corte que empezaron a desarrollarse desde 1992 y que hacen referencia a su conexidad con los derechos a la vida y el mínimo vital. Esto no ha servido para cerrar las brechas actuales y demuestra que la tutela no es el camino en este caso. El correcto funcionamiento del Estado no es solo obra de honorables magistrados, sino del ejercicio responsable de buenos gobernantes con voluntad política y equipos idóneos.


Eduardo Behrentz
@behrentz

Columnistas

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