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¿Por qué reformar el sistema de regalías?

La práctica aconseja que las regalías se inviertan en proyectos estratégicos.

Decía el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, en estas mismas páginas, que el sistema de regalías que hoy tenemos en Colombia es “mil veces mejor que el que existía antes”. Y yo estoy de acuerdo con él. Al menos en parte.
Nadie puede negar la buena intención de la reforma del régimen de regalías que se logró con el acto legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012. Igualmente, es cierto que esa reforma mejoró la distribución de los recursos de las regalías: ahora llegan a todo el territorio nacional y se usan de manera más equitativa. Y también desde la Contraloría podemos decir que es altamente positivo el ahorro de un monto de recursos importante que este sistema ha permitido.
Sin embargo, el debate hoy no está en que el después de la reforma sea mejor que el antes. Lo realmente importante es saber cómo se ha implementado el sistema en sus primeros años. Las auditorías que hemos realizado desde la Contraloría han dejado en evidencia que los elefantes blancos –que eran uno de los efectos más perversos de las regalías de antes– siguen existiendo hoy. Hemos detectado más de 800.000 millones de pesos en posibles detrimentos patrimoniales en regalías, de los cuales más de 300.000 millones son obras inconclusas o terminadas sin uso. Si a eso se le suma que más del 70 % de la contratación se hizo sin pluralidad de oferentes, el panorama en materia de corrupción no es nada alentador.
También hemos hecho desde la Contraloría un seguimiento especial al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Regalías, y encontramos que el diseño institucional falló porque al definir la distribución de los recursos a partir de criterios de población y pobreza, la iniciativa del gasto recayó sobre los hombros de cada departamento; con lo cual, en la práctica, no se creó un fondo único, sino 33. Se han aprobado proyectos de ciencia y tecnología por 2,6 billones, y muchos de ellos han generado dudas en las comunidades académicas, acerca de su calidad o pertinencia.
A todo esto le sumamos que también encontramos una pronunciada ausencia de proyectos regionales en las regalías, que era el primer objetivo del acto legislativo. Aunque los departamentos se agruparon en seis regiones con igual número de Ocad, el resultado es que solo hay 16 iniciativas entre más de 1.300 proyectos aprobados (el 1 % de ellos), en las que confluyen por lo menos dos departamentos.
Brillan entonces por su ausencia los grandes proyectos de desarrollo. No solo hay desgaste institucional, sino desperdicio de recursos. Si las regalías son recursos finitos y volátiles, la práctica aconseja que se inviertan en proyectos estratégicos, que contribuyan a que los territorios puedan contar en el futuro con ingresos más estables. En este sentido hay que establecer prioridades, pero ese es un principio del cual carece el actual sistema de regalías.
¿Por qué renunciamos a establecer claramente estas prioridades? Existe un consenso nacional sobre la necesidad, por ejemplo, de más vías terciarias; o de resolver el problema de agua potable y saneamiento básico; o de ampliar o fortalecer la infraestructura educativa para avanzar hacia la jornada única.
Otra vez, un solo hecho cuestiona lo que ha sucedido: de la inversión total por 33 billones de pesos, a 31 de diciembre de 2017 los saldos sin ejecutar superaban los 13 billones, o sea, ¡cerca del 40 %! Inaceptable en un país tan lleno de necesidades insatisfechas.
Si nos quedamos comparando el antes y el después, nada de lo aquí dicho se habría podido analizar. Y no nos habríamos dado cuenta de que algo está fallando en el sistema de regalías. Por eso, desde la Contraloría General de la República insistimos, ahora para el gobierno que llega, que es necesario reformar el Sistema General de Regalías. No nos cabe duda de que si las regalías se priorizan, si se destinan a proyectos estratégicos, podría haber mayores avances en el bienestar de la población o en el cierre de brechas regionales.
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Contralor General de la República
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