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Economía de paz sin excluidos

Es un error pensar que solo los grandes empresarios desarrollan el campo.

Uno de los desafíos más serios que tendremos después de los acuerdos de paz es terminar con la exclusión económica en el campo y las ciudades. Por eso esta reflexión.
En el Magdalena Medio conocí la coca campesina: los montes derrumbados para sembrar; los avances de dinero para semilla, fertilizantes y raspachines; el frenesí de cerveza, prostitución y contrabando en los caseríos; el transporte de gente y mercancías, y las tiendas de insumos de gasolina, cemento y ácidos para producir el alcaloide. Conocí también las retroexcavadoras que cargaron de lodo y mercurio las aguas cristalinas del Yanacué, el Bogue y el Tamara, y que cambiaron la coca por el oro, que se paga mejor y pasa fácil los retenes. En los últimos meses, como habitante de los barrios populares de Medellín, he convivido con los relatos de la extorsión cotidiana, la “seguridad” a la fuerza, el microtráfico y los créditos gota a gota; y esto se reproduce en Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla...
Estas actividades articuladas unas con otras son la evidencia de que una parte importante de los excluidos del campo y la ciudad quedan subordinados a aparatos criminales sofisticados, organizados nacional e internacionalmente, para una oferta de exportación elástica al precio, como lo anota Mauricio Cabrera, que al subir el valor del dólar y con la ayuda de otros factores aumenta las hectáreas sembradas de coca y las retroexcavadoras de oro en consistencia con un negocio de commodities. Y, mientras no haya un cambio, estos aparatos ilegales, poderosos y violentos seguirán aprovechándose de tener en Colombia a una gran masa de excluidos.
Estos negocios suelen ser analizados y combatidos desde el lado criminal, sin investigar con rigor su conexión estructural con la exclusión de una multitud de personas, mayoritariamente jóvenes, que no encuentran estímulos e incentivos institucionales para ingresar a los mercados legales, y que obtienen en la tenaza de los grandes aparatos criminales, el empleo y el capital para la producción de “bienes y servicios” rurales y urbanos en operaciones donde la extorsión y las balas despejan los mercados cautivos que se articulan mediante la demanda agregada con los mercados formales y los contaminan de riesgos. Allí, la mayor parte de quienes participan son personas inocentes, que quedan sometidas a patronos criminales, hábiles para sobornar a las autoridades, evadir la acción de la justicia y actuar en política para financiar las ferias de los votos.
Este es el mundo económico de millones de personas que sobreviven siendo eficientes y creativos en la exclusión. Que evaden impuestos o los pagan a bandidos en una producción contraproducente para el bienestar de Colombia. Mundo de negocios que financiaron a la guerrilla y que siguen financiando al paramilitarismo y las bandas criminales.
El camino para salir de esta encrucijada es complejo e interdisciplinario, toca la estructura de la economía y la política. No es para el espacio de una columna. Pero tiene unos presupuestos que debe entender la dirigencia colombiana: para construir una economía sin excluidos hay que respetar la dignidad de nuestro pueblo y creer en sus capacidades. Es un error pensar que los campesinos no son eficientes y que solo los grandes empresarios desarrollan el campo. Es falso que los oligopolios comerciales y bancarios tengan futuro dejando de lado a los pequeños y que las empresas grandes puedan prescindir de la creación de trabajo productivo popular. No podemos continuar con una situación donde la inmensa creatividad y productividad de gran parte de la gente de barrios y del campo no tenga otro camino para contribuir a la demanda agregada que las alternativas perversas de capital y de empleo que les ofrecen los criminales.
Francisco de Roux
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