Reforma judicial: referendo constitucional

Reforma judicial: referendo constitucional

La Constitución se hizo para adaptarla a los nuevos retos de la sociedad.

28 de agosto 2017 , 01:08 a.m.

Con motivo de los escándalos en la justicia, una de las cumbres del Poder Judicial declaró: “El problema de la corrupción del país no es un problema de estructuración de la Rama Judicial, es de la sociedad colombiana y de las personas”. Esta afirmación institucional merece algunas reflexiones. Las estructuras no son ficciones jurídicas. Se regulan mediante normas que llevan implícitos valores referentes a personas, instituciones o a la organización social. No es posible escindir el comportamiento humano de los jueces, que actúan como titulares de un poder, de la estructura y el funcionamiento de la rama jurisdiccional. Por eso, lo que está en crisis es el sistema judicial, ahora invadido por la corrupción en distintos niveles.

Este fenómeno interactúa con las otras ramas del poder público, produciendo un grave problema de legitimidad del Estado. Esta situación la puede remediar directamente el único depositario del poder originario, el pueblo, en quien reside exclusivamente la soberanía. El instrumento apropiado para evitar que el eclipse de la justicia sea total es el referendo de iniciativa ciudadana para reformar la Constitución. Su convocatoria y su realización son menos complejas que las de una constituyente. El Congreso no podría modificar la esencia de la propuesta.

Se apela al pueblo directamente en búsqueda de una transformación de fondo, la cual han negado las cortes, especialmente la Constitucional, como ocurrió cuando sepultó la reforma de equilibrio de poderes, que sustituía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el Tribunal de Aforados para investigar a los altos funcionarios del Estado, incluidos los magistrados de las cortes. Una vez más, no se aceptó limitar una de sus prerrogativas, la de ser investigados y juzgados por el Congreso. El impúdico cruce de competencias entre el Congreso y las cortes en esta materia deja sin ningún control a los miembros de estas, lo cual facilita la posible comisión de delitos y el desbordamiento ético. Este es un caso de corrupción estructural que se debe extirpar de la Constitución.

Es insensato obstinarse en rechazar la necesaria revisión que deberá hacerse de la justicia, con el débil y cuestionable argumento de que la corrupción, por ser de las personas y de la sociedad, no es de la estructura judicial. Sería irreparable la afectación que sufriría nuestro Estado de derecho, si no se abren puertas por las que ingrese solo el interés general.

La Constitución se hizo para adaptarla a los nuevos retos de la sociedad. Idolatrarla conduce al ‘statu quo’ y a la exaltación de la inexistente perfección humana. Por su flexibilidad y por propiciar la participación popular, no permite cerrar los ojos ante los males de la justicia, agravados por la corrupción que la devora. Es antidemocrático y

absurdo desconocer el clamor colectivo, que exige a los agentes superiores y a todos los que imparten justicia dar ejemplo de integridad y eficacia en el cumplimiento del deber. La grandeza de un pueblo se mide, entre otros factores, por la dimensión y el magisterio moral de sus jueces.

DARÍO MARTÍNEZ BETANCOURT

Columnistas

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA