El asesinato de Rosa Elvira Cely es indignante. Así lo han entendido los ciudadanos y, sobre todo, las mujeres. Lo más aberrante es que podría haberse evitado, pues el mismo acusado había cometido un crimen similar hace diez años. Detenido y procesado, lo liberó un juez al considerar que había obrado bajo el influjo de un trastorno mental y, en vez de pagar los largos años reservados a estos delitos, volvió a la calle tras quince meses de cárcel, dos salarios mínimos de multa y la promesa de ingresar a Alcohólicos Anónimos.

Lavarse las manos no es rehabilitar. El resultado de la "rehabilitación" está a la vista: nuevas denuncias por abuso sexual y la muerte de Rosa Elvira Cely. No sorprende que ocurran estos casos. Lo sorprendente es que no se presenten muchos más, si a cualquier bandido asesorado por un buen penalista le cambian la cárcel por un curso de inglés o de pilates.

El episodio de Rosa Elvira es un ladrillo más en el colosal monumento a la impunidad que construye sin pausa nuestro país. El lema parece ser: "Mate tranquilo, que esto es Colombia". De otras pestes espero tratar en futuras columnas, pero esta, la ineptitud de la Justicia, pudre la sociedad, premia al delincuente y anula cuantas leyes correctivas se dicten.

Un reciente informe del gobierno de Estados Unidos señala, al valorar los derechos humanos en Colombia, que "los problemas más graves fueron la impunidad, un deficiente sistema judicial, la corrupción y la discriminación social". Lo paradójico es que Estados Unidos contribuye a afincar el reino de la impunidad entre nosotros. Un informe de Semana (14-4-2012) cuenta las penas ridículas que los jueces estadounidenses asignan a los extraditados colombianos que ofrecen datos sobre el narcotráfico. A esos jueces no les importan las masacres y asesinatos que el reo lleve a cuestas de su tierra: si lava sus narcopecados, pasará poco tiempo entre rejas. "Algunos -dice la revista- ni siquiera llegan a tocar una prisión".

Con esta fórmula consiguieron mínimas condenas y regresaron a Colombia delincuentes temibles. Hay, agrega el informe, "una treintena de narcos que la han sacado barata con la justicia de Estados Unidos, a los ojos de los colombianos, que esperaban condenas ejemplarizantes". Parte del perverso sistema que manda de regreso a asesinos siniestros tras unas vacaciones en Miami o Nueva York es premiar sus "revelaciones", lo que a menudo los pone a competir en patrañas sin apoyo probatorio. Varios abogados que hace un tiempo perseguían capos desde el gobierno gringo hoy son apoderados de narcotraficantes multimillonarios. La extradición, supuesta arma letal contra la impunidad, se volvió, pues, instrumento de desmoralización, aunque haya permitido condenar a algunos capos.

Este es apenas un detalle. En casi todo el país impera la impunidad. Margot Wallström, agente de la ONU para Violencia Sexual en los Conflictos, confesó hace poco a la reportera de EL TIEMPO Jineth Bedoya (víctima, ella misma, de esta clase de delitos) que aquí "la impunidad es el mayor problema". No todas las mujeres denuncian a quienes abusan de ellas; muchos jueces, por no atiborrar más las cárceles, sueltan a los acusados para que emprendan imposibles rehabilitaciones; para peor, algunas víctimas que se acogen a la ley para abortar un embarazo producto de violación (hubo 26.000 entre 2001 y 2009) sufren luego la persecución insolente de la Procuraduría.

Crímenes egregios, desde el asesinato de Gaitán hasta el de Galán -pasando por decenas de periodistas-, permanecen en la impunidad total o parcial, esa que castiga solo al autor de los tiros. ¿Qué puede esperarse de casos anónimos o de delitos menores? De 180.994 denuncias por hurto instauradas en Bogotá entre 2007 y 2010, solo hubo sentencia en 25.575. En el país, de más de 50.000 homicidios cometidos entre 2005 y 2009, solo 5.587 terminaron en condenas.

Mientras la impunidad se enseñoree en el territorio de la justicia, los criminales seguirán ganando. Como hasta ahora.

DANIEL SAMPER PIZANO
cambalache@mail.ddnet.es