Negar en público lo que se acuerda en privado parece ser la norma de conducta en las negociaciones de asuntos político-militares entre Colombia y Estados Unidos. Con lujo de detalles, la revista Cambio dio a conocer lo que el gobierno colombiano y el estadounidense llevan meses negociando a escondidas: el traslado de las operaciones militares estadounidenses de la base de Manta, en Ecuador, a Colombia.

Si no fuera a escondidas, los mecanismos institucionales colombianos para adelantar esa negociación habrían sido informados y convocados y, sobre todo, usados para definir y adelantar la negociación. Pero ni la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ni el Congreso, ni la opinión pública habían sido siquiera informadas por el Gobierno de tales negociaciones. Ahora nos estamos enterando por los medios de las decisiones.
La decisión de trasladar las maniobras militares estadounidenses que se realizaban desde Manta a Colombia ya está tomada. Ya se acordó que esas operaciones no se trasladarán a una base colombiana, sino a cinco: la de Apiay, en el departamento del Meta; la de Palanquero, entre Caldas y Cundinamarca; la de Cartagena, en Bolívar, y las de Bahía Málaga y Malambo, en el departamento del Atlántico. Ya está definido que Colombia autorizará acciones militares estadounidenses desde esas bases por lo menos durante los próximos 10 años.

También está definido que dichas operaciones no se limitarán a actividades antinarcóticos en territorio colombiano, sino que abarcarán maniobras autónomas estadounidenses contra "el narcotráfico y el terrorismo" desde territorio colombiano hacia el resto del continente, sobre el Caribe y el Pacífico. Y también, que además de personal y equipo militar estadounidense en territorio colombiano, habrá portaaviones norteamericanos en aguas internacionales, que coordinarán sus maniobras con las bases en nuestro territorio.

Todo eso ya está acordado. Falta ultimar algunos "detalles". Por ejemplo, si el Gobierno colombiano volverá a conceder inmunidad absoluta a todo el personal civil y militar estadounidense que opere en Colombia, la cantidad de personal que se autorizará y las condiciones de la prórroga de las operaciones, luego de los 10 años ya acordados. También faltan otros "detalles", como, por ejemplo, cómo lidiar con las autorizaciones que, eventualmente, deben dar el Consejo de Estado y el Congreso colombiano, así como la reacción de los países vecinos, quienes podrán ser objeto de operaciones militares estadounidenses autónomas desde territorio colombiano, sin su conocimiento y menos su consentimiento. Sólo faltan esos "detalles menores".

No soy de las que se aferran al nacionalismo y se espantan porque haya cooperación y presencia militar estadounidenses en Colombia. Esa cooperación es útil y necesaria para los intereses de nuestro país. Pero dudo mucho de que convenga a los intereses de Colombia volver nuestro territorio un centro de ejercicios militares extranjeros autónomos con alcance continental. Que se hagan operaciones militares antinarcóticos, o incluso antiterroristas, acordadas y ejecutadas por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos dentro de territorio colombiano es algo que los colombianos tenemos plena autonomía para acordar y ejecutar en función de nuestros intereses. Pero que le engavetemos al resto del continente operaciones militares estadounidenses autónomas desde nuestras bases y territorio es tomar al resto del continente por convidado de piedra, en una decisión que supera de lejos sólo nuestros intereses y no está necesariamente acorde con ellos.

Por fortuna, la prensa colombiana evitó que semejante decisión se siguiera tomando a escondidas. En vez de seguir ocultando y disfrazando esa determinación como un asunto de rutina nacional, debe darse ahora el debate público y transparente que semejante decisión requiere. 

Claudia López