La habilidad del Presidente para maquillar en palabras el alcance de sus hechos impresiona. Si uno se guiara por lo que el Presidente dice y no por lo que hace, pensaría que los principales proyectos que propondrá en esta legislatura serán económicos, porque a ese tema dedicó la mayor parte de su discurso de instalación del Congreso. Pero no, el principal será la reforma de la justicia y la electoral, que apenas mencionó.

Dijo el Presidente que "la reforma debe evitar la politización de la justicia y la judicialización de la política". Sería bueno que el Presidente precisara a qué se refiere. Sería bueno que nos explicara por qué cree que se debe evitar la judicialización de la política, cuando la evidencia indica que la política está criminalizada. Si no es judicializando la criminalidad en la política, ¿cómo cree el Presidente que vamos a volver a una política más pura, que dé más confianza? Una buena manera de no haber dejado sola a la justicia en esa tarea habría sido que el Presidente no hubiera admitido a tantos representantes de narcotraficantes y criminales en las listas de los partidos que lo apoyan ni en su coalición en el Congreso ni en puestos en su gobierno. Nada de eso hizo. Por el contrario, les ofreció su capital político para que lo usaran a sus anchas.

Por solicitud del Presidente, este Congreso, el más mafiosamente cooptado y deslegitimado de nuestra historia, reformará y decidirá la elección de los magistrados de las Altas Cortes, del Fiscal y el Procurador. El mismo Presidente que hace apenas un mes hundió la reforma política y la 'silla vacía', que hubieran quitado a la mafia la representación política que consiguió por las armas, ahora vuelve al mismo Congreso cooptado por esas mafias a pedirle que reforme la justicia. Porque a los ojos del presidente Uribe el problema es la justicia y no la 'parapolítica', el actual es un Congreso ejemplar y los 'parapolíticos' unos próceres sacrificados injustamente por una justicia que no entiende que eran apenas un mal patriótico menor para lograr el bien mayor de acabar con el terrorismo. Esa incomprensión les costará caro y los congresistas están prestos a colaborar en la faena.

Un presidente que tuviera mínimo respeto por la justicia no le propondría al Congreso más cooptado por mafias políticas emergentes, de las armadas y narcotraficantes, que reforme la elección y accionar de los jueces en Colombia. Para el presidente Uribe, que tiene toda solidaridad con esas clases emergentes, hacer esa solicitud de reforma de la justicia no sólo es posible sino indispensable. La justicia ha sido el principal estorbo para la consolidación y legitimación de esa clase emergente. Ellos, que tienen vocación de poder y llegaron para gobernar, no van a dejar que la justicia les siga aguando la fiesta. También harán algunas reformas electorales para atar otros cabos sueltos que trancan su toma del poder, como castigar a los disidentes, sacarle más recursos al Estado para las campañas y monopolizar en los actuales partidos el poder político.

Sin maquillaje, la solicitud del Presidente al Congreso podría leerse, entre líneas, así: "Invitamos al Congreso a sacar adelante la mejor reforma (la que mejor consolide el poder adquirido y limite el estorbo de la justicia), que se aplique plenamente para el debate electoral del 2010 (o sea, que deje intacta la toma mafiosa del poder en el 2002 y el 2006). Que para estudiarla no haya diferencias entre principales y suplentes de este período (es decir, que los 'parapolíticos' y sus reemplazos puedan votar en igualdad de condiciones), sino convergencia alrededor del propósito de tener un Congreso de opinión, respetado por cada ciudadano."
En una frase, (Congreso, pase la cuenta de cobro a esa justicia abusiva, que lo que tengo es popularidad de sobra para pagarla).
                                            * * * *
Por vacaciones de la autora, esta columna dejará de aparecer las dos próximas semanas. Volverá el martes 11 de agosto.

Claudia López