La solicitud del Fiscal General a la Corte Suprema de declarar la desaparición del Nuevo Liberalismo un delito de lesa humanidad no es sólo un recurso para evitar la prescripción impune del asesinato de Luis Carlos Galán, sino una acción consecuente con la evidencia histórica. Mediante el uso de sistemáticas acciones violentas, el narcoparamilitarismo borró del mapa al Nuevo Liberalismo y a la Unión Patriótica. Con esas acciones consolidaron un proyecto político que, desde entonces, ha sido capaz de duplicar cada dos elecciones su caudal electoral.

La sistemática eliminación de competidores es la principal contribución que ha hecho el narcotráfico a sus aliados políticos, incluso más que la financiación de sus campañas. Con el genocidio político de la UP, el narcoparamilitarismo eliminó a sus aliados unos 300.000 votos que les competían en las elecciones locales y aplazó 15 años la reaparición organizada de la izquierda.
Con la desaparición del Nuevo Liberalismo, eliminó a un actor que podía competir por la Presidencia y llegó a tener cerca de un millón de votos. Además, se quitó de encima a la única organización política que, durante los 80, tuvo como principal bandera electoral denunciar la amenaza que representaba el narcotráfico. De allí en adelante han seguido matando a granel a candidatos y competidores que les estorban.

Lo que esos hechos históricos y las recientes confesiones de paramilitares demuestran es que desde los 80 el narcotráfico y el paramilitarismo actuaban con propósitos y acciones comunes. Al paramilitarismo no lo desmovilizó este gobierno en el 2004, lo desmovilizó el narcotráfico en los 80, cuando logró cooptar sus ejércitos y aliados para un proyecto de expansión del narcotráfico y reconfiguración del mapa territorial y político. Atrás quedaron los supuestos líderes del movimiento de autodefensa como Henry Pérez, Carlos Castaño y el movimiento Morena. Para los 90, los mandamases del paramilitarismo eran los que se habían consolidado como capos del narcotráfico: Vicente Castaño, 'don Berna' y 'Macaco', entre otros. Esa transición de jefes y vocación y la eliminación de sus principales competidores se reflejaron en la proyección política del narcoparamilitarismo.

Cuando en 1982 Pablo Escobar fue electo representante a la Cámara, los 16.250 votos que obtuvo equivalían a menos del 1 por ciento del total de votación de Senado. Tres elecciones más tarde, en 1994, la mafia financió las campañas de Ernesto Samper y varios congresistas. Los judicializados por el proceso 8.000 sumaban una votación equivalente al 10 por ciento del total de votación para Senado.

Dos elecciones después, en el 2002, el narcoparamilitarismo ya se había consolidado nacionalmente, había cooptado cientos de alcaldías, varias gobernaciones y más de una decena de movimientos políticos. Con ese agregado, fue capaz de incrementar su potencial electoral al equivalente al 25 por ciento de la votación de Senado y volvió a ser determinante en las elecciones presidenciales. Sólo que en esta ocasión pudo poner votos organizados, además de plata y bala. Los congresistas investigados por parapolítica suman más de dos millones de votos. Los ya condenados suman más de medio millón.

La Corte Suprema de Justicia ha dado todos los pasos necesarios para confrontar la amenaza narcoparamilitar. Ha reconocido la condición de narcotraficantes de los supuestos paramilitares, ha enjuiciado a sus aliados políticos e ideólogos y los ha declarado corresponsables de los crímenes de la estructura narcoparamilitar. Si sigue actuando en consecuencia, debe reconocer que las acciones de exterminio político son otro crimen de lesa humanidad por el que deben responder.

Decía Luis Carlos Galán en el sepelio de Jaime Pardo Leal: "A pesar de todo lo que nos separa en materia ideológica y doctrinaria, estamos unidos al manifestar nuestra solidaridad con los dirigentes de la Unión Patriótica, cuyas vidas se hallan amenazadas por un espantoso plan de exterminio."

Lo que no supo Galán fue que él y su movimiento fueron víctimas del mismo plan.

Claudia López