Solución al problema de las drogas: insulsa e inquietante

Solución al problema de las drogas: insulsa e inquietante

El de las drogas es un punto que debe leerse a la luz de los conceptos y enfoques trazados en el texto sobre la reforma rural integral.

15 de septiembre 2016 , 04:41 p.m.

El punto cuatro del Acuerdo Final con las Farc asume que el conflicto antecede a la aparición de los cultivos de uso ilícito y al narcotráfico, pero reconoce que éste ha alimentado y financiado la guerra en Colombia.

Posteriormente detalla las directrices que guiarán los programas y políticas a cargo del Gobierno, y se refiere al programa de sustitución de cultivos ilícitos, la manera como se debe contar con las comunidades para lograr un compromiso real y asegurar la efectividad de las medidas propuestas para que campesinos, recolectores y familias que han vivido de esta actividad sean parte de la solución. Sobre la erradicación se dejan en evidencia las diferencias entre las partes: se indica que el Gobierno suprimirá los cultivos priorizando la erradicación manual, se deja abierta la puerta para otros métodos como la aspersión aérea, pero a renglón seguido se señala que para las Farc la erradicación siempre debe ser manual. ¿Cómo entender este desacuerdo en un tema tan fundamental, sobre todo con el aumento de los cultivos ilícitos?

El de las drogas es un punto que debe leerse a la luz de los conceptos y enfoques trazados en el texto sobre la reforma rural integral: zonas de reserva campesina y formalización de la propiedad de las tierras son asuntos delicados y espinosos que definen las políticas de uno y otro acuerdo y que implican la adecuación de la legislación nacional.

Solo al final, en dos páginas, se trata el tema del narcotráfico propiamente. Se reconoce su carácter de delito transnacional anotando que cualquier solución debe contar con el concurso de la comunidad internacional, para lo cual perfila obligaciones del Gobierno en el sentido de propiciar discusiones en foros internacionales y regionales, como ya lo ha hecho en la Ungass, OEA, Unasur y Celac.

Es curioso que cuando se cae en el lugar común de señalar que deberá lucharse contra el crimen organizado y sus redes de apoyo, nunca se incluye a las Farc como parte de las organizaciones. La sensación es que quedan por fuera. Incluso cuando se señala que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad debe aclarar la relación entre producción y comercialización de drogas ilícitas y el conflicto, ello incluye el vínculo entre paramilitarismo y narcotráfico, pero nada se dice de las Farc. ¿Será, entonces, que por esta vía también quedarán limpios los miembros de esta guerrilla? ¿Podrán argumentar que no solo se trata de un delito conexo a sus delitos políticos, sino que ni siquiera lo cometieron y, por tanto, no se enriquecieron y no hay dinero que perseguir?

Sobre los compromisos que asumen las partes, para el Gobierno son sendas y precisas las obligaciones que asume para diseñar e implementar políticas y programas para atender a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos cultivadores y los consumidores. Para las Farc, los compromisos son vagos: contribuirán de diferentes formas y mediante acciones prácticas, pero no precisan cuáles. Al indicar que pondrán fin a “cualquier relación” que tuvieran con el narcotráfico, dejan claro que ese vínculo solo se habría producido en función del único delito que han aceptado: el de rebelión.

Las Farc se declaran como un grupo que ha pretendido “derrocar al Gobierno Nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente”, que es, según la legislación penal, lo que constituye el delito de rebelión.

En resumen, este punto del acuerdo es insulso y carece de originalidad. No obstante, deja allanado el camino para consumar actos de injusticia e impunidad respecto del hecho criminal más grave del que ha sido víctima Colombia desde los años 70: el narcotráfico.


Claudia Dangond Gibsone
@cdangond

Columnistas

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