Estaba cantado. Todo el mundo esperaba que más temprano que tarde se desplomaran las pirámides armadas en varias regiones del país, especialmente en el sur y en el occidente colombiano. Unos amigos míos que venden automóviles decían que el día que se derrumbara la pirámide de Pasto tendrían que cerrar la agencia en esa ciudad. Imagino que ya lo están haciendo. Pero, como ocurre generalmente en Colombia, el fenómeno se dejó pasar alegremente hasta que pinchó el globo que se había inflado en la cara de las autoridades locales, regionales y nacionales.

Las pirámides han sido nuestro sistema financiero en la "sombra". Como lo era la megapirámide que se armó en los Estados Unidos con base en los derivados de hipotecas basura cuyo derrumbe condujo a la crisis financiera internacional. Pero mientras allá el problema fue de ausencia de regulación, aquí fue de inacción de los gobiernos. La respuesta del Gobierno Nacional fue, como lo advirtió oportunamente el ex ministro Juan Camilo Restrepo, tratar de "prohibir lo que ya estaba prohibido" presentando un proyecto de ley al Congreso que, además, aumentaba las penas a los captadores ilegales de fondos.

Las autorizaciones para actuar, sin embargo, están vigentes desde 1982, cuando se expidió el decreto-ley 2920 de ese año. Es que en Colombia, ingenua y bobamente, creemos que cualquier nueva legislación resuelve por sí sola el problema de turno.
Pero lo que más sorprende, en todo este episodio, han sido las reacciones de las gentes y las del Gobierno Nacional.

No tiene sentido echarle la culpa del surgimiento de las pirámides al sistema financiero formal. Si bien es cierto que la "bancarización" en Colombia es baja, es decir que hay muchos habitantes que no tienen acceso al sistema financiero formal por sus paupérrimos ingresos y su "informalidad" laboral, la banca no puede ofrecer a sus clientes, ricos o pobres, tasas exorbitantes de interés sobre sus ahorros, alejadas de las realidades de la economía. Si llegare a hacerlo habría que desconfiar inmediatamente de su solidez porque estaría convirtiéndose, precisamente, en un conjunto de pirámides.

Los bancos cumplen un papel crucial en el funcionamiento de la economía al constituir el mecanismo central de lo que se conoce como el sistema de pagos (cuando se utiliza una tarjeta o se gira un cheque, el banco tramita un pago y, si este se quiebra, el pago no puede efectuarse y alguien no recibe su dinero) y del proceso de canalizar el ahorro de unas gentes hacia la inversión o el gasto de otras. Sin bancos, el consumo y la producción no pueden subsistir. De ahí el imperativo de la regulación y del cuidadoso manejo de un negocio cuyo pilar es la confianza del público en las entidades financieras.

Ahora bien. Es lamentable y de veras terrible que familias e individuos de bajos ingresos hayan sido estafados por los promotores de las pirámides y perdido sus ahorros. Además, el alivio a estas gentes no es factible, por más de que el presidente Uribe así lo quiera. Una cosa es el seguro para los depósitos en los bancos. Otra, muy distinta, es responder a unos incautos ahorradores que se dejaron llevar por la ignorancia y la codicia. Mucho me temo que su frustración sea grande cuando reciban una ínfima parte de lo que entregaron, al procederse a las liquidaciones que se realicen al amparo de los decretos de la "emergencia social".

Lo más grave es que el desplome de las pirámides va a constituir un nuevo aporte a la fuerte desaceleración de la economía que se prevé para el 2009, con efectos sociales funestos para la mayoría de los colombianos. Al bajonazo de la demanda agregada, que ya se siente y se profundizará el año próximo como consecuencia de los eventos financieros internacionales, se sumará el impacto recesivo de la crisis de las pirámides, especialmente en regiones como Nariño, Putumayo y Cauca. Un ingrediente más del desolador panorama colombiano de finales de 2008. 

Carlos Caballero Argáez