Los efectos del invierno señalan el fracaso y la desidia de la sociedad en la conducción del país.

  Esta es mi última columna del año. De un año que termina empañado por la catástrofe de enormes proporciones causada por el invierno y cuya magnitud verdadera desconocemos.

  De no ser por la tragedia invernal, el año podría haber sido mucho mejor de lo que se preveía hace 12 meses. En ese entonces no se pensaba que la economía pudiera crecer a un ritmo mayor del 2 o 3 por ciento en el año. La realidad superará las expectativas en este aspecto, pues todo parece indicar que el crecimiento del PIB estará cercano al 5 por ciento. Tampoco se veía claro el horizonte político, incierto en ese entonces ante la perspectiva de una segunda reelección del presidente Uribe. El fallo de la Corte Constitucional sobre el referendo reeleccionista despejó el panorama y permitió un refrescante cambio de gobierno, que también ha superado las expectativas. A nivel nacional, el país está mejor manejado que hace un año.

  Pero la destrucción y la desolación humana generadas por las inundaciones a lo largo y ancho de Colombia muestran el fracaso y la desidia de muchos años de la sociedad colombiana en la conducción del país. No hay un solo responsable, ni siquiera el invierno. La culpa es colectiva, lo cual debería llamar a una profunda reflexión. La clase dirigente y la clase política colombianas fracasaron.

  El Gobierno debe liderar no solo la reconstrucción física de Colombia, sino la renovación moral y política de la sociedad. La verdad es que la corrupción y el mal gasto de los recursos públicos carcomieron las estructuras sociales en la totalidad de la geografía. No es solo el Canal del Dique, o Mosquera, en Cundinamarca; o el Valle del Cauca, o Bello, en Antioquia. Lo que está sucediendo en Bogotá es aberrante y nadie ha hecho nada ni siquiera para protestar masivamente. No es el invierno. Son la ineptitud y la corrupción.

  El gasto público que será necesario ejecutar en el alivio para dos millones de personas que lo perdieron todo, y en la reconstrucción de las zonas afectadas implicará, forzosamente, la realización de cambios en el programa económico y en el plan de desarrollo del Gobierno. Dicen que la agricultura y la ganadería tomarán tres años en asimilar el daño. El Gobierno Nacional no puede llamarse a engaño; la catástrofe va a marcar la administración Santos, que tendrá que reenfocar sus prioridades.

  Se ha hecho bien en declarar el Estado de Emergencia Económica. Por un acto de la naturaleza infinitamente menor (un derrumbe en la vía al Llano), el presidente López Michelsen la declaró al inicio de su gobierno hace 36 años y expidió una reforma tributaria estructural. Pero esto no es suficiente. El presidente Santos debería hacer una convocatoria nacional para enfrentar la crisis con acciones de fondo. Hay que modificar la política fiscal para elevar los ingresos tributarios y recomponer el gasto público. Hay que legislar de urgencia sobre las regalías -llamando a sesiones extras al Congreso- para incorporarlas al presupuesto nacional y apoyar la reconstrucción y el empleo. Hay que intervenir las corporaciones autónomas regionales y quitarles el manejo de sus cuantiosos recursos. Hay que vender un porcentaje de Ecopetrol para invertir en infraestructura. Y seguramente habrá que dedicar al Departamento Nacional de Planeación (o una agencia especial dependiente directamente de la Presidencia) a la evaluación económica y social de proyectos de inversión para que se ejecuten los proyectos que realmente se requieren y no los que deciden alegremente los políticos, como el metro de Bogotá.

  Una catástrofe como la que vivimos genera una oportunidad de oro para cambiar el rumbo, renovarnos y hacer las cosas bien.