Aunque en la instalación de la legislatura ordinaria el presidente Santos hubiera sido claro en rechazar cualquier intento nuevo de reforma constitucional, me parece que sería deseable modificar la Constitución para prohibir, a partir del 2018, la reelección presidencial.

La reelección no le ha hecho bien a Colombia. Razón tuvo el presidente César Gaviria en 1991 cuando, al consultársele sobre la posibilidad de introducir la reelección presidencial inmediata en la nueva Constitución, fue enfático en contestar que, por el contrario, debería prohibirse en todo momento. La reforma de la primera administración de Álvaro Uribe fue cuestionada alegándose que el Gobierno había ofrecido prebendas a un par de representantes a la Cámara para lograr su aprobación. Partió, además, de una indelicadeza política, que le restó legitimidad: la de que el Presidente en ejercicio propuso modificar la Constitución en beneficio propio. Como lo que comienza mal termina mal, el segundo período de Uribe no se caracterizó propiamente por el buen gobierno. Y, por fortuna, no hubo una segunda reelección.

Pero, ¿por qué no me gusta la reelección presidencial en Colombia? Porque, por lograr su reelección, los presidentes no hacen la tarea en el primer gobierno y después es difícil que la realicen en el segundo, con el sol a las espaldas. El espíritu reformista se deja de lado por tratar de no herir susceptibilidades y de estar bien con todo el mundo -aunque cualquier político sabe que es imposible complacer a todo el mundo-.

A este gobierno no le fue bien con las reformas en sus primeros dos años: retiró la de la educación superior, hundió la de la justicia y se desgastó con el Congreso y con la opinión. Tanto que ahora no ha considerado prudente presentar los proyectos de reforma tributaria y de reforma de las pensiones. Cuando no había reelección, o esta no era inmediata, los gobernantes se daban la pela. El caso del presidente Gaviria fue ejemplar. En el último año de su período presidencial se aprobaron en el Congreso reformas claves, como la de la salud, la de servicios públicos y la del sector eléctrico.

Hay otra razón, mencionada en estos días en la prensa internacional. Que la mayoría de los expresidentes latinoamericanos se transforman en seres insoportables después de ocho años en el poder. Moisés Naím contaba el domingo anterior en este periódico que, al contrario del expresidente Cardoso en Brasil, quien se ha comportado excepcionalmente bien (al estilo del expresidente Belisario Betancur en Colombia), al expresidente Lula da Silva, ya recuperado de su cáncer en el esófago, le ha dado por intervenir en la política venezolana para apoyar la nueva reelección del presidente Chávez y se dice que tiene ganas de volver a la presidencia de su país.

Algo parecido sucede con el expresidente Uribe, que también se mete en la política venezolana desde la frontera para atacar al presidente Chávez y, de paso, hacerle oposición al presidente Santos. El caso de Uribe se trajo a cuento recientemente en una columna del Financial Times, en la cual se afirma que el expresidente colombiano se ha dedicado en los últimos dos años a "echarle barro al presidente Santos, acusando a su antiguo ministro de Defensa de ser un traidor a sus políticas" (Rathbone John Paul, 'Latin America dogged by a generation of former leaders', 24 de julio del 2012, p. 2).

En Estados Unidos, los expresidentes prácticamente desaparecen de la escena después de cuatro u ocho años de gobierno. Se convierten, como escribe Naím, en "jarrones chinos: son muy valiosos, no sirven para nada y nadie sabe en dónde ubicarlos". Así debería ser en América Latina.