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Del gobierno de los jueces y las altas cortes

Un amigo extranjero, que reside en Colombia desde hace cerca de sesenta años, me envió en la semana pasada un mensaje en el cual expresaba su absoluta confusión con respecto a lo sucedido con el alcalde Petro y pedía ayuda para aclarar su mente. Le contesté que tampoco yo entendía nada.
Si eso le pasa a un extranjero colombianizado, ¿se imaginan ustedes lo que le ocurre a uno que aterrice aquí porque le dijeron que Colombia era el país del futuro?
La confusión es el estado mental de Colombia en la actualidad. Una pregunta pertinente, en plena campaña electoral para la Presidencia de la República, con presidente-candidato aspirando a la reelección, es la de quién gobierna efectivamente en el país. Porque las decisiones de los jueces y de las cortes (la Constitucional, la Suprema y el Consejo de Estado) son más trascendentales y frecuentes que las del gobierno nacional.
Además de las tutelas falladas por los jueces –entre ellas la de la restitución en su cargo del Alcalde de Bogotá por parte de un juez de restitución de tierras–, las cortes actuaron la semana pasada en otros asuntos. Por ejemplo, legislaron sobre los canales de televisión y tumbaron la ley que dio vida a la Alianza del Pacífico.
En un caso consolidaron el duopolio de los canales privados de televisión y en el otro, se declaró inconstitucional la ley que aprobaba el tratado de comercio e integración más importante de los firmados por el país recientemente.
Así que no son solamente los jueces ordinarios de la República que deciden tutelas. Las altas cortes disparan con escopeta de perdigones, lo que obstaculiza la labor del Ejecutivo, confunde a las gentes y afecta la inversión. Si la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía son el coco de los funcionarios públicos, las cortes y los jueces son el palo en la rueda del Gobierno y del sector privado. Hay que ordenar la actividad de las entidades de control y de la rama judicial antes de que la exacerbación actual haga colapsar del todo las instituciones colombianas.
* * * *
La figura de la tutela, que debería ser subsidiaria o complementaria de las decisiones de la justicia ordinaria, reemplazó a la de los fallos judiciales. Las cifras son impresionantes. En un artículo de esta semana en Razón Pública, Hernando Gómez Buendía relata que el país pasó de “10.732 acciones de tutela interpuestas en 1992 a 405.359 en el 2013, un aumento de 3.800 por ciento y un total de más de seis millones de tutelas”. Es decir que la justicia que funciona en Colombia es la de la tutela, que “no existe la justicia sino apenas la tutela”, y que jueces y magistrados se convirtieron en gobernantes. Están interpretando y asumiendo funciones constitucionales diariamente. Lo cual genera confusión y desmorona el ‘imperio de la ley’, en vez de consolidarlo.
El auge de la tutela y el gobierno de las cortes podrían explicarse por las fallas tremendas de los gobiernos en el cumplimiento de las funciones que les corresponde realizar.
Otros datos de Gómez Buendía son dicientes: “Un 45 % de todas las tutelas se refieren al derecho de petición, o sea que la gente debe acudir a un juez para lograr que algún burócrata conteste, y, segundo, el 71 % de las tutelas en salud piden drogas, tratamientos o servicios que habrían de ser automáticos porque están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS”. Toca racionalizar; sin “dar marcha atrás”, como lo pide Humberto de la Calle.
El gran tema de la campaña presidencial debería ser cómo recuperar la función de gobernar para la rama Ejecutiva del Estado, en el esquema de “pesos y contrapesos” de la división democrática del poder. Eso es lo que le exige la hora actual a la política.
Carlos Caballero Argáez
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