Los compromisos son bilaterales

Los compromisos son bilaterales

La paz supone no solo el fin de los desafueros de la guerrilla, aceptados por sus integrantes en el capítulo de las víctimas, sino también del Estado y de sectores del establecimiento.

29 de septiembre 2016 , 06:26 p.m.

El Acuerdo Final de La Habana, contenido en 297 páginas, es el resultado de cuatro años de diálogos directos entre las delegaciones del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las Farc-EP, con participación de amplios sectores sociales y populares a través de los espacios en las redes sociales y en los foros sobre cada uno de los temas de la agenda, con el cual quedó demostrada la voluntad de paz de las dos partes y plasmado el esfuerzo común para llegar al consenso en las formulaciones de lo acordado. Es, por ende, un acuerdo bilateral y que obliga a las dos partes por igual.

Algunos pronunciamientos de voceros gubernamentales y comentarios de analistas y columnistas de opinión les dan un sesgo unilateral a las obligaciones, cargando la responsabilidad en el cumplimiento de lo acordado a la guerrilla que deja las armas y hace el tránsito a la vida política, cancelando su pasado insurgente.

En realidad, el Acuerdo Final es una pieza doctrinaria que no es exclusiva para las partes, sino de estricto beneficio general de la sociedad. Los temas tienen que ver no solo con ponerle punto final al conflicto armado, sino también con el compromiso de adoptar cambios y reformas, establecidos en el documento, para fortalecer las condiciones sociales y el bienestar en el campo y la ciudad, y para mayores garantías de participación ciudadana en las decisiones democráticas del país. Más democracia y justicia social, al tiempo que se supera la tragedia de la confrontación armada de 52 años con las Farc-EP.

La paz supone no solo el fin de los desafueros de la guerrilla, aceptados por sus integrantes en el capítulo de las víctimas, sino también del Estado y de sectores del establecimiento que participaron en forma activa en la degradación del conflicto con el argumento criminal de que “todo era válido para derrotar a los terroristas”.

Esta forma maniquea de explicar la violencia la contradijo en alguna ocasión el doctor Humberto de la Calle Lombana cuando, con certeza, señaló que no puede calificarse como positiva la “otra violencia” proveniente de la “legalidad”.
Sin embargo, aun después de firmados los acuerdos, se insiste en el despropósito, estimulado por voceros oficiales y de alguna manera por la publicidad del Sí, porque invitan a respaldar el Acuerdo Final para “acabar con la extorsión, el secuestro y las actividades terroristas de los alzados en armas”.

La justicia restaurativa y transicional acordada –se puede consultar en el documento– no establece unilateralidad, compromete a las dos partes. También deben responder los que promovieron el paramilitarismo, la guerra sucia contra la izquierda, el genocidio de la Unión Patriótica, las masacres de civiles, los ‘falsos positivos’ y la violación de los derechos humanos para impedir la lucha social y popular.

La reconciliación es el fruto del esfuerzo colectivo por superar cierta cultura de la violencia para dirimir las contradicciones ideológicas y erradicar “todas las violencias”. Incluyendo el viejo y el nuevo anticomunismo, que pretende impedir por la fuerza el derecho de los comunistas a proponer alternativas socialistas y modelos económicos y políticos distintos al capitalismo, que fracasó históricamente en la solución de los problemas de la gente del común porque se convirtió en la palanca del enriquecimiento de unos pocos y de la creciente desigualdad en el planeta.


Carlos Lozano Guillén

* Director del semanario ‘Voz’

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