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Por fin, una causa común: tatequieto a la corrupción

Bienvenido el debate y válido el disenso. Desvirtuaré críticas contra la consulta anticorrupción.

La ciudadanía es imparable. Lo demostraron colombianos de todas las regiones, edades, estratos e ideas políticas con 4’313.963 firmas para pedir la consulta anticorrupción. Más allá del récord de firmas, millones de personas pasaron de la queja a la acción colectiva sobre lo fundamental: ponerle tatequieto a la corrupción.
La consulta puede canalizar constructivamente el hastío ciudadano ante el abuso de poder y la política. La gente firmó por siete mandatos que comienzan con una medida de equidad en nuestro desigual país: reducir el salario de congresistas de 40 a 25 salarios mínimos, igualándolo al sueldo de un ministro. Eliminar odiosos privilegios a políticos condenados; imponer pliegos tipo en contratación que cierren la puerta a la contratación a dedo; priorizar y desglosar el presupuesto con criterios y responsabilidad pública que terminen la opaca mermelada; publicar la información detallada sobre la gestión política y aspectos de transparencia de todos los electos por voto popular, desde edil a presidente.
Bienvenido el debate y el válido disenso sobre la consulta. Desvirtuaré aquí críticas formuladas por el exministro Luis Henao en este periódico y el noticiero ‘CM&’. Lo invito a él, y a políticos de todos los colores, a lograr esta causa común que ya unió a la ciudadanía y pasa a la cancha del Senado en octubre.
1. “La consulta es muy cara y solo busca bajar el salario de los congresistas. No se justifica”. Dice que realizarla costaría 50 o 280 mil millones de pesos y que tardaríamos hasta 100 años en reponer esa plata para inversión social. No, las
cuentas son otras. El ahorro solo por reducción de salarios de congresistas en un cuatrienio es de $154 mil millones. Más la incuantificable reducción de billonarios peajes a la contratación. La consulta se realizaría el día anterior a las elecciones de Congreso o presidenciales del 2018, por lo que al realizarla se abaratará.
2. “Obligar a los congresistas a hacer pública su declaración de renta es una propuesta inocua. Ya existe en la ley”. Falso. Confunde con la Ley 190 de 1995 (ver ley), que obliga a diligenciar el formato de bienes y patrimonio, que es confidencial y secreto. La consulta hará que sea público respecto de todos los electos por voto popular, así como su declaración de renta y los conflictos de interés, que hoy son enunciados genéricos.
3. “Terminar unilateralmente los contratos con personas condenadas por actos de corrupción ya existe en la ley”. No es cierto. El artículo 9 de la Ley 80 de 1993 (ver ley) dice que quien cometa un delito de corrupción “cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución”. Muy distinto a la terminación unilateral del contrato sin indemnización, que propone la consulta.
4. “La reclusión especial para funcionarios corruptos dejó de existir hace años”. “Ya tenemos las penas más altas de la región”, y señala que la Ley 1474 de 2011 eliminó los beneficios carcelarios de los altos funcionarios. La consulta no promueve aumento de penas, lo hace el fiscal. (Ver proyecto)
Buscamos eliminar el privilegio de reclusión especial en una escuela de la policía o el ejército que da el artículo 29 del código penitenciario a los aforados y “exuncionarios” de cierto rango (ver artículo), el cual permitió por ejemplo, a concejales del ‘carrusel’ de Bogotá, a Samuel Moreno e ilustres condenados, vivir lejos de una cárcel. Desde Otto Bula hasta Sabas Pretelt gozan de este privilegio, según informó el Inpec. (Ver recuadro respuesta derecho de petición Inpec)
ANGÉLICA LOZANO CORREA
Representante a la Cámara por Bogotá del Partido Alianza Verde.
Toda la información sobre la consulta anticorrupción está en www.vencealcorrupto.com
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