Revoquemos la revocatoria

Revoquemos la revocatoria

Hay un riesgo demasiado alto de que muchos mandatarios locales sean revocados arbitrariamente.

27 de abril 2017 , 12:00 a.m.

El mecanismo actual para despojar a un alcalde o gobernador de su mandato quedó tan mal diseñado que pueden ser revocados con muchos menos votos de los que obtuvieron para ser elegidos. Por ejemplo, al Alcalde Mayor de Bogotá, que ganó las elecciones con 906.000 votos, podría revocársele con poco más de 550.000, una posibilidad antidemocrática.

En los términos de la Ley 134 de 1994, la revocatoria puede adelantarse por dos causas: insatisfacción general de la ciudadanía e incumplimiento del programa de gobierno. Sin embargo, la Corte Constitucional ya precisó con buen tino, en la sentencia C-179 del 2002, que la primera causal debe estar referida al programa de gobierno, porque en nuestro ordenamiento no existe la revocatoria de personas, sino de mandatos.

La popularidad de un gobernante no es una medida adecuada de qué tan buena es su gestión, particularmente en el primer año de gobierno. Dado que en ausencia de segunda vuelta los gobernantes serán elegidos casi siempre con un porcentaje muy inferior al 50 % de la votación, puede afirmarse que comienzan su gobierno siendo mayoritariamente impopulares. Por eso, esta causal de revocatoria debe ser eliminada.

En democracias consolidadas
no hay algo equivalente a la revocatoria del mandato que tiene Colombia. Para eso existen las elecciones periódicas.

En cuanto a la causal, el incumplimiento del programa de gobierno, debe recordarse que los alcaldes y gobernadores gobiernan durante su primer año con el plan de desarrollo de su antecesor. Normalmente, un alcalde solo tiene su plan de desarrollo aprobado en junio y este entra en vigencia a partir de julio. Esto sin mencionar que el presupuesto vigente es el aprobado a su predecesor. Solo en enero de su segundo año los mandatarios empiezan a ejercer con el presupuesto y los proyectos que ellos han presentado a los concejos y asambleas, y que reflejan su programa de gobierno.

Lo anterior significa que el 1.° de enero del segundo año es apenas el primer día en que los gobernantes están realmente en capacidad de implementar su programa de gobierno. Pero a partir de ese mismo día, según la absurda legislación actual, cualquiera puede iniciar un proceso de revocatoria por incumplimiento de ese programa. Todo ello a pesar de que es imposible evaluar si hay un incumplimiento, cuando todavía el gobernante no ha tenido la oportunidad de implementarlo.

La reforma adecuada para solucionar este problema consiste en establecer que solo a partir del 1.° de enero del tercer año de gobierno se pueda iniciar un proceso de revocatoria con base en el incumplimiento del programa. Perú ya le hizo este ajuste a la revocatoria del mandato en la reforma del 2015, justamente para frenar los abusos en el uso de la figura.

Es, además, indispensable que haya una instancia que defina previamente al inicio de la recolección de las firmas. Esta debe ser el Consejo Nacional Electoral, con base en un doble precedente (resoluciones 0319 y 0264 de 2009), mediante el cual ya intervino para exhortar al Registrador Nacional y los registradores delegados a revocar dos resoluciones electorales relativas a la revocatoria del mandato, por ser contrarias al orden jurídico.

Otra justificación de las reformas es el altísimo costo que puede representar para el Estado y los contribuyentes el hecho de que cualquier grupo pueda, sin mayor justificación, iniciar un proceso de revocatoria. Hoy hay más de 80 procesos de revocatoria en curso, cuyo costo supera los 200.000 millones de pesos. Y en caso de que tengan éxito, las elecciones posteriores de alcaldes costarían otro tanto.

En democracias consolidadas no hay algo equivalente a la revocatoria del mandato que tiene Colombia. Para eso existen las elecciones periódicas.

La posibilidad de revocar el mandato de un alcalde o gobernador resulta hoy más fácil que aprenderse la tabla del 1. Con la ley vigente hay un riesgo demasiado alto de que muchos mandatarios locales sean revocados arbitrariamente. Así que revoquemos la revocatoria.

ANDRÉS VILLAMIZAR
* Director Ejecutivo de la Fundación Azul Bogotá
@villamizar

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