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Un momento crítico

Decisión de la Corte pone al proceso de paz ante la crisis más seria desde la firma de los acuerdos.

Se sabía. Se esperaba. Y llegó: la Corte Constitucional demostró por enésima vez que, en materia de paz, puede arrojar increíbles sorpresas.
Del carril de TransMilenio en hora pico al carril ordinario. La decisión de la Corte deja a la ‘vía rápida’ herida de muerte: los congresistas pueden introducir modificaciones en las piezas legislativas para la implementación del proceso y aprobarlas sin aval del Gobierno; y la discusión de los proyectos no será en bloque, sino artículo por artículo.
Golpe a una de las bases de lo acordado y frenazo a su implementación, el fallo, a la vez y guardadas las distancias, recuerda al de la ley de Justicia y Paz en el 2005, que equilibró a favor de las víctimas lo propuesto por el gobierno de Uribe y lo que salió del Congreso.
La decisión de la Corte es, de hecho, el reconocimiento del costo del triunfo del No en el plebiscito y de la falta, tanto de un consenso básico entre sus partidarios y el Gobierno (y los militares y las víctimas de las Farc y otros estamentos) al renegociar el nuevo acuerdo, como de una nueva refrendación popular.
Si, pese a todas las deformaciones de la democracia colombiana, el Congreso refleja a la sociedad, allí es donde se hará la discusión final –incluidos eventuales nuevos cambios a los acuerdos producto del balance de fuerzas no solo entre las dos élites que negociaron (Gobierno y Farc), sino en la sociedad.
Todo va a depender de cómo reaccionen los tres grandes involucrados: Gobierno, Farc y uribismo (y Trump, que luce más interesado en cocaína y Venezuela que en la paz).

La decisión de la Corte es, de hecho, el reconocimiento del costo del triunfo del No en el plebiscito

Dado que la Corte asesta un duro golpe al principio básico de que el Congreso no podría tocar lo acordado, con tan solo seis voceros sin voto en ese organismo, el fallo es una obvia fuente de nerviosismo para las Farc –más que justificada por la tradición de incumplimiento del Estado en estos tratos–. (A esto hay que añadir que la Corte tumbó además un decreto clave para la protección de los guerrilleros).
Eso es un riesgo, aunque la reacción inicial de las Farc fue temperada. Por lo pronto, Timochenko declaró en ‘asamblea permanente’ las zonas veredales y se esperan nuevas decisiones. Sin embargo, no es de descartar que se impongan posiciones más drásticas como la que sugirió Enrique Santiago de frenar el proceso y exigir constituyente.
Para la oposición, este es un triunfo temprano en su campaña contra los acuerdos, como lo reivindicó Iván Duque, el precandidato uribista que puso la demanda. Y para el Gobierno es un golpe inesperado que aún discute cómo manejar.
El Congreso puede ser el escenario para construir los consensos mínimos a los que no se logró llegar durante la renegociación del acuerdo luego del No. Para eso, los tres protagonistas tendrán que ceder. El Gobierno y las Farc, pues no puede ser que medio país electoral esté en contra de lo acordado y que eso no tenga consecuencias (aunque no pocas se incorporaron al nuevo acuerdo); el uribismo, pues no puede ser que medio país electoral esté a favor de lo acordado y que eso no le sugiera cierta flexibilidad.
Otro escenario es posible: la polarización se atiza, en el Congreso se enredan piezas legislativas claves para la implementación –tierras, reforma electoral, participación política, reglamentación de la Justicia Especial para la Paz–; la dejación de armas se alarga; la inseguridad en las regiones y los asesinatos de líderes empeoran... y un acuerdo ya cojo de legitimidad y apoyo queda huérfano.
* * *
Suena iluso que los tres logren consensos. Pero, más allá de la lucha feroz por el poder hacia el 2018 entre modelos de país radicalmente opuestos, lo mínimo que el Gobierno, las Farc y el uribismo le deben a Colombia es una mercancía escasa por estos lares: un poco de grandeza. Haber puesto fin al conflicto armado con las Farc la merece.
ÁLVARO SIERRA RESTREPO
cortapalo@gmail.com
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