Tutelización de la política

Tutelización de la política

Como ocurre con buena parte de la Constitución, giran al alrededor de la tutela mitos y realidades.

13 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

Con razón, la tutela se ha mostrado como una de las evidentes conquistas ciudadanas para proteger sus derechos consagrados en la Constitución del 91. Sin embargo, tal como ocurre con buena parte de la Constitución, giran a su alrededor mitos y realidades.

La incontrastable realidad es que de no haber sido por este instrumento, muchos ciudadanos no hubieran logrado conseguir la atención del Estado en aspectos como la salud, la educación, los derechos sociales o las libertades individuales.

Sus mitos comienzan en su propio origen. Las nuevas generaciones creen que fue un ingenio de los constituyentes. Pero la verdad es que ya desde 1957, en la comisión paritaria de reajuste institucional, se venía hablando del tema a través de la figura del derecho de amparo constitucional, sugerida entonces por Alfonso López Michelsen, líder del MRL.

En 1989, Barco prefirió hundir la reforma propuesta por su gobierno antes que ceder a la presión de los narcos para quitarles la extradición de encima. Estaba en ese proyecto, exactamente igual al texto que luego se aprobó en la Constituyente del 91.

Algunas veces parecería que la tutela, como mecanismo excepcional, pasó a ser una especie de sustituto de todo el sistema judicial, afectando la seguridad jurídica.

Si bien la institución fue concebida para proteger a quienes no tenían abogado, ni manera de hacer valer sus derechos por otros medios, terminó siendo usada para los más disímiles efectos. Muchas peleas entre ricos y conglomerados han sido resueltas vía tutela, en ocasiones desconociendo múltiples fallos judiciales. Algunas veces parecería que la tutela, como mecanismo excepcional, pasó a ser una especie de sustituto de todo el sistema judicial, afectando la seguridad jurídica.

En otras oportunidades, la tutela se ha usado para desconocer fallos que han pasado por 4, 5 o 6 instancias, incluidas las de las más altas cortes. La gran paradoja es que los jueces de tutela son los mismos jueces ordinarios, que en los procesos normales actúan de manera lenta. Es tal la avalancha de tutelas que aun en instancias superiores, como la Corte Constitucional, ya también los fallos duran años, cuando, según la Constitución, no deberían tomar más de 40 días.

Pero tal vez la mayor desnaturalización del mecanismo se ha presentado por su utilización para resolver controversias dentro de los partidos políticos. Irónicamente, Colombia tenía partidos cuando no existían tantas normas y tanta reglamentación. Ahora, cuando se ha judicializado el ejercicio político de los partidos, tenemos siglas, marcas, registros, nombres, pero no auténticos partidos políticos en el sentido de organizaciones con postulados ideológicos claros sobre el manejo de la sociedad y el Estado y con caracteres de seriedad y estabilidad.

Bastaría recordar el más reciente ejemplo, cuando, con una sola actuación vía tutela ante la Corte Constitucional, esta revocó un fallo del Consejo de Estado sobre violación de estatutos en el Partido Liberal, a tres días de iniciarse el congreso partidista. Ya veremos la cantidad de tutelas que se presentarán en estos días por parte de candidatos al Congreso excluidos de las listas de sus respectivas organizaciones.

El último caso es el de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que permitió la integración de listas al Congreso, vía coalición, que había sido negada en la mal llamada reforma política. Es decir que por una tutela se reemplazó una reforma constitucional que no se aprobó: ¡la actividad política dirigida por los jueces a través de acciones de tutela! Y lo que faltaba, un juez ordenándole al Congreso que reviva lo que, según el presidente del Senado, no se aprobó. Por este camino no sería raro que llegue el día en que un juez de tutela, por ejemplo, le diera la orden al Consejo Nacional Electoral de no conferir credencial a un presidente electo, dejando un inmenso vacío de poder.

Hoy corremos el riesgo de que por esa desnaturalización de la tutela se pierda el objetivo central de este mecanismo: proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos indefensos. Un peligro que deben conjurar, al unísono, todos los poderes del Estado.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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