Terremoto en Suramérica

Terremoto en Suramérica

Toda la vecindad se mueve. Varios han ido a la cárcel por corrupción política y administrativa.

09 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Tal vez con excepción de Colombia –¿para bien o para mal?–, situaciones de distinto orden sacuden hoy a la región, siendo la más dolorosa la de Venezuela, cuyos habitantes enfrentan una abierta dictadura cada nuevo día más oprobiosa.

Tras la ‘ola verde’ suramericana, cuando curiosamente, exceptuadas Venezuela y Colombia, sangrientas dictaduras se enseñorearon en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y el Perú, a partir de la década de los 80, se presentó en la región un aparente renacer de las democracias electorales.

Llama la atención que entonces Venezuela no sufriera el yugo de dictaduras, cuando en el siglo XIX y buena parte del XX el poder estuvo en los cuarteles (como parece repetirse ahora), con regímenes como los de Cipriano Castro y Pérez Jiménez. Dos partidos, Acción Democrática y Democracia Cristiana, coparon la vida política de la nación. Pronto, ambos se desprestigiaron azotados por la corrupción, abriendo paso a la ‘antipolítica’, hábilmente explotada por un aventurero y antiguo militar golpista amnistiado, Hugo Chávez.

Es una lección que deberíamos asimilar en Colombia, ahora que se abre paso criticar genéricamente a los “políticos”, incluso por personas que llevan años en la actividad política, acudiendo al fácil expediente de sindicar a todo el mundo de “corrupto” sin hacer distinciones ni denuncias concretas ante las autoridades judiciales. Es hábil estrategia populista para facilitar aventuras políticas.

Lamentablemente, con excepciones, la izquierda democrática en América Latina ha cedido también ante la corrupción

Ya, a nivel regional, no siempre hemos visto los mejores resultados cuando, a nombre de la antipolítica y con la bandera anticorrupción, se han elegido sacerdotes, periodistas, actores, empresarios, deportistas. Varios han ido a parar a la cárcel, precisamente por corrupción política y administrativa.

El último expediente utilizado por Maduro –la ‘constituyente’, como expresión máxima del ‘constituyente primario’– también se usó aquí, casi siempre para mal. En 1905, Reyes armó una constituyente de bolsillo para prorrogarse el periodo y Laureano Gómez, en 1952, se inventó otra que reemplazó al Congreso e irónicamente legitimó el golpe de Estado en su contra.

Con razón, la comunidad internacional critica que uno de los primeros “actos de poder” de esa “constituyente” omnímoda haya sido defenestrar a la fiscal general, Luisa Ortega, convertida en piedra en el zapato para el chavismo, en el cual militaba. Aquí, aun cuando en situaciones bien distintas, pues se hizo dentro de un régimen democrático, una asamblea concebida como constitucional se convirtió en Constituyente y “revocó” el Congreso, uno de los tres poderes, que había sido elegido por ocho millones de votantes, cinco más que los que habían sufragado por la Constituyente.

Ahora toda la vecindad se mueve. Lamentablemente, con excepciones, la izquierda democrática en América Latina ha cedido también ante la corrupción. Lástima que Lula, que sacó a más de 30 millones de brasileños de la pobreza, haya terminado acusado de malversación y apropiación de fondos públicos. En Ecuador, la luna de miel entre el presidente Lenín Moreno y su padrino Correa fue flor de un día. Dejó sin funciones al vicepresidente Glas, de la línea correísta, ahora sindicado de recibir un soborno de 14 millones de dólares de Odebrecht. Como lo mostró reciente carátula de Semana titulada ‘Todos untados’, al margen del caso Odebrecht en otros países de la región, varios expresidentes están en la cárcel por corrupción o por violación de los derechos humanos.

Colombia tiene un enredado sistema para juzgar presidentes y altos funcionarios. Aquí, en el siglo XIX se procesó a los expresidentes Mosquera y Obando por motivos políticos. En el XX solo se dio el caso de Rojas Pinilla, sucesivamente adulado, condenado, absuelto y reivindicado en las elecciones de 1970. En el caso de Ernesto Samper, la Cámara de Representantes, presidida por el nuevo consejero para la Paz, Rodrigo Rivera –quien votó por la condena–, le precluyó la causa, en decisión que hizo tránsito a cosa juzgada, que debe respetarse.

Como puede verse en este y en otros temas, ruge la región. Colombia duerme. ¿Hasta cuándo?

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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