Política criminal estable

Política criminal estable

Es una tremenda equivocación que todas las tensiones sociales deban resolverse con el Código Penal.

07 de junio 2017 , 12:00 a.m.

En los últimos días el presidente Santos, el fiscal Martínez y el procurador Carrillo se pronunciaron sobre el eterno problema, a menudo descuidado, de nuestra política criminal en cuanto a delitos, penas, procedimientos y sistemas penitenciarios. Este diario editorializó sobre el tema carcelario.

Sin duda, el país ha carecido de una seria y verdadera política criminal, entendiendo por tal la definición de las pertinentes instancias relativas a los tres poderes, qué comportamientos deben ser objeto de sanción penal y, entre estos, cuáles con privación de la libertad, qué procedimiento ha de seguirse y cómo deben ser las cárceles para procesados y condenados.

Todo esto se ha dejado al azar de situaciones coyunturales. No hemos superado la tremenda equivocación que implica que todas las tensiones sociales deban resolverse con el Código Penal. Determinados comportamientos salen y entran con relativa facilidad del estatuto de los delitos y las penas.

Recuérdese que hasta los años 1980 y 2000 se penaban con cárcel, respectivamente, el acceso carnal homosexual y la bigamia. De 1968 a hoy, el Estado ha ensayado, sin éxito, establecer la responsabilidad de los padres frente a los hijos sancionando penalmente la inasistencia alimentaria, tema tratado recientemente por el Fiscal General. También hasta 1980 se enviaba a la cárcel al marido o la mujer que se fuera del hogar sin justa causa.

Es oportuno que el Presidente, con la ayuda de Fiscalía y Procuraduría, asuma la dirección de una verdadera política criminal del Estado

Errático ha sido el tratamiento de los llamados ‘delitos menores’, que en ocasiones afectan más a la ciudadanía que los causados por la subversión. Unas veces se bajan las penas. Otras se aumentan. A menudo se busca cárcel para todos los casos. O se excarcela de modo casi general. Y ni qué decir de los permanentes cambios en el procedimiento penal, el último de los cuales fue introducir de manera inconsulta el sistema penal acusatorio, que prácticamente ha hecho agua y al que con razón los ciudadanos han comenzado a llamar el ‘sistema aplazatorio’.

Como dijo recientemente el jefe de Estado, hay que enmendar esa mentalidad de creer que todo lo arregla la cárcel. Aparte de que la gente cree que cuanto más difíciles sean las condiciones de reclusión, la sociedad se siente más satisfecha.

Otra constante ha sido aumentar desmesuradamente las penas cada vez que ocurre un hecho que genere conmoción social: de 1980 a hoy se aumentó de 24 a 60 años la pena máxima para delitos graves. Si esa lógica funcionara, si contamos con penas más altas en la región, la delincuencia debiera haber cedido. Pero, al contrario, ha aumentado, pese a que otra falencia es que no contamos con estadísticas confiables, exceptuadas las que lleva la Policía Nacional.

Igual ocurre con las excarcelaciones: un día se expide una ley que las concede y enseguida otra que aplaza su vigencia. Si hoy el Fiscal General advierte sobre la excarcelación masiva de 12.000 reclusos (no sabemos exactamente en relación con cuáles delitos) dispuesta por una ley expedida hace menos de dos años, es claro que urge tomar decisiones a largo plazo en esta materia.

Otro aspecto crucial, omitido, es el de la prevención del delito, que deben abordar diversas entidades estatales. No es casual que en su mayoría sean contra el patrimonio económico y la vida e integridad personal. Las causas sociales no justifican el delito, pero sí lo explican. Todo el Estado, no solo jueces y Policía, debe diseñar la política de prevención en asuntos de familia, desarrollo psicosocial y educación, entre otros.

La creación del Consejo de Política Criminal, con participación de ministros, Procurador, Contralor, director de la Policía Nacional y presidente de la Sala Penal de la Corte, fue una sana idea. Empero, la inasistencia de sus titulares y la brevedad en los cargos de algunos de sus integrantes han impedido la formulación de una política estable, descontando que sus consejos no siempre son acogidos por el Gobierno y el Congreso. Razón de más para que el Presidente asuma, con la ayuda de Fiscalía y Procuraduría, la dirección de la política criminal del Estado.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA