Los sueldos parlamentarios

Los sueldos parlamentarios

El problema no es el sueldo. Es la repartición a dedo de contratos para sacar beneficios.

05 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Al contrario de cuanto podría pensarse al leer o escuchar las noticias de las últimas semanas, la relativa a la discusión pública sobre el sueldo de los congresistas, ahora extrañamente asociado a la corrupción, no es tan nueva como se pretende.

Por años, los congresistas solo devengaron una especie de honorarios por asistencia a sesiones, popularmente llamados ‘dietas parlamentarias’. Cada vez que se suscitaba la discusión sobre su aumento, se oían –como ocurre hoy– múltiples apreciaciones, no todas conformes a la realidad: que los congresistas no trabajan, que contestan a lista y se retiran, que casi nunca hablan y, sobre todo, que no hay relación entre sus ingresos y los de un obrero de salario mínimo.

Puesto que acarreaba enorme desprestigio y natural desgaste para el Congreso, a veces se acudía al ‘sorteo’ para escoger al parlamentario que debía ‘inmolarse’ presentando el proyecto de aumento de dietas. Algunos colegas miraban para otro lado, otros ‘protestaban’, pero ninguno dejaba de cobrar el reajuste...

Se requirió una reforma constitucional para impedir que a un proyecto de ley se le hicieran ‘agregados’ –los llamados ‘micos’– como mecanismo para aumentar las dietas. Para evitar todo ese desgaste, la reforma constitucional de 1968 –una de las más importantes en el siglo XX, impulsada por Lleras Restrepo y López Michelsen– estableció el sueldo anual para los parlamentarios. Y la Constituyente de 1991 completó el tratamiento, determinando que, al igual que para todos los servidores públicos, anualmente se aumentarían esos ingresos de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Por eso debe señalarse que, a diferencia de lo ocurrido hasta el 91, ahora no son los parlamentarios quienes se suben el sueldo, hoy idéntico al que devengan los magistrados de las altas cortes y del Consejo de la Judicatura, así como fiscales y procuradores delegados y otros altos servidores públicos.

La normativa sobre enriquecimiento ilícito existe hace muchos años. Si se aplica, puede producirse una verdadera renovación de la clase política

No obstante estar demostrado que lo que un parlamentario se gana en Colombia no dista mucho de lo que devengan sus pares en la región, el tema puede ser oportuno para plantear un debate sobre la equidad de los ingresos en todo el país, o sea, en los sectores público y privado.

En tal evento, no es válida la simple comparación, por ejemplo, entre el salario mínimo que devenga un obrero y el sueldo de los presidentes o vicepresidentes de compañías, en muchos casos igual o superior hasta en un 100 por ciento a lo que gana un parlamentario. El debate debe darse en cuanto a la equidad de los ingresos, verbigracia, entre la ciudad y el campo, hombres y mujeres, obreros y personal calificado, aprendices y experimentados, etc.

Los salarios altos no están necesariamente unidos a conductas delictivas o inmorales. Ganar más que el promedio de los servidores públicos puede ser un acto de inequidad, pero no de corrupción per se.

Hay que recordar, además, que a partir del 91 los congresistas no pueden realizar ninguna otra actividad que les reporte beneficio económico, como sería ejercer su profesión.

El problema no es el sueldo. Es lo que se hace por fuera. Es la repartición a dedo de contratos para sacar beneficios. Es el ejercicio del poder para obtener gabelas económicas. Lo que debe investigarse es la relación entre ingresos y gastos no solo de los congresistas, sino de otros servidores o exservidores públicos que no tendrían cómo justificar ingresos excesivos y a veces exorbitantes.

La normativa sobre enriquecimiento ilícito existe hace muchos años. Si se aplica, puede producirse una verdadera renovación de la clase política. Investigadores estrella de la Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Suprema y la Comisión de Acusación, con la ayuda de expertos de la Dian y de la Uiaf, podrían hacer una investigación élite, tomando, por ejemplo, 10, 15, 20, 30 o más servidores y exservidores públicos para someterlos no a la prueba del polígrafo, sino a la prueba ácida de justificación de bienes. ¡Qué sorpresas hallarían!

Insistir apenas sobre sueldos es seguir buscando el ahogado río arriba.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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