La Corte Electoral

La Corte Electoral

Esta entidad, que ya tuvimos, sería un buen mecanismo para corregir las fallas electorales de hoy.

29 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

Falta aún aterrizar cómo serán finalmente las propuestas que en materia electoral, y en el marco de los acuerdos de La Habana, fueron presentadas por la comisión creada por el Gobierno en la cumbre de Cartagena.

Hay que esperar a ver de qué manera se concretan esas iniciativas en textos normativos. Algunas requieren reforma constitucional (habría que mirar cuáles vía fast track y cuáles de manera ordinaria); otras, cambios legales; no pocas, actos gubernamentales, y otras, decisiones internas de los partidos.

Con ciertas precisiones –como la de no despojar del todo de atribuciones a la Sección Quinta del Consejo de Estado e impedir crear un ente burocrático más–, parece razonable que se vuelva a pensar en una entidad que ya tuvimos en el pasado: la Corte Electoral. Era un organismo de alta respetabilidad y competencia, integrado en su gran mayoría por ex magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema o juristas y académicos de amplia trayectoria y reconocimiento.

No sesionaban de manera permanente. No ganaban sueldo. No tenían carros blindados ni escoltas. No viajaban por el mundo para aprender de sistemas electorales en Afganistán o Indonesia. Cierto, sí, eran escogidos por los partidos tradicionales. En general, hicieron bien su oficio, prácticamente sin remuneración, y eran quienes entregaban las credenciales a los elegidos popularmente.

En la Constitución de 1991 se creó el Consejo Nacional Electoral, dándoles a sus integrantes el carácter de magistrados, con las particularidades que hoy conocemos.

Para disciplinar los partidos, tarde o temprano hay que pensar en la lista cerrada, estableciendo la democracia dentro de las colectividades para evitar el retorno del odioso ‘bolígrafo’.

Con la antigua Corte Electoral pasaba algo similar que con los concejos municipales: sus integrantes eran escogidos entre ciudadanos que querían prestar un servicio. Ya sabemos qué ha pasado con los concejales cuando, después del 91, comenzaron a recibir sueldos parecidos a los de los parlamentarios, asesores, secretarias, asistentes y ‘manejadores’ de imagen.

La Corte Electoral, concebida de una manera distinta al actual Consejo Electoral, puede ser un mecanismo en la dirección correcta para corregir las fallas que hoy todos estamos comentando en temas de partidos, listas y financiación de campañas. No parecería conveniente suprimir la Registraduría Nacional, que en los últimos años ha mostrado transparencia y eficiencia en la entrega de resultados. Los problemas surgen cuando se piensa en cómo, quién y en qué condiciones se nombra en la naturaleza concreta de sus atribuciones. Habría que esperar.

Pero el tema de fondo tiene que ver con el régimen de partidos. Con la mejor intención de acabar el bipartidismo, los constituyentes del 91 prácticamente acabaron con los partidos. Hoy, solo tenemos siglas o nombres cuya principal función es repartir avales. Para disciplinar los partidos, tarde o temprano hay que pensar en la lista cerrada, estableciendo la democracia dentro de las colectividades para evitar el retorno del odioso ‘bolígrafo’. Hoy en día, cada renglón de Senado, Cámara, Asamblea o Concejo se maneja como una campaña individual, con todo lo que eso implica en gastos electorales.

Con el expresidente López Michelsen, varios colombianos señalamos desde un principio la inconveniencia de la “circunscripción nacional de Senado”, que también convirtió a cada candidatura al Senado en una campaña tipo presidencial por todo el país y dejó sin representación senatorial a muchas regiones, incluyendo los departamentos de frontera y los de la llamada ‘media Colombia’. Habría que pensar en una fórmula de circunscripción nacional especial para las minorías políticas.

La financiación estatal de las campañas no impide que se presenten escándalos como los de hoy que se refieren a dineros entregados ‘por debajo de la mesa’. Ya eso existe en buena parte en la práctica, mediante el mecanismo de la reposición de gastos electorales.

Aquí lo que debe tenerse es un sistema de control que, entre otras cosas, permita vigilar de manera efectiva los chorros de dinero que circulan por todas las campañas.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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