Fiscalía, justicia y paz

Fiscalía, justicia y paz

Ni el Fiscal ni el Procurador deben ser protagonistas mediáticos de la paz.

14 de junio 2017 , 12:00 a.m.

Muchos altibajos se dieron durante la elección de Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la Nación, a mediados del año pasado. Fue sometido a un proceso de innecesaria demora en la integración de la terna –de la cual, parece, estuvo excluido casi al final–, que pasó por un extraño ‘concurso de méritos’ en el que fueron entrevistados muchos candidatos para terminar, como ha ocurrido en otros casos, en la nominación de quienes habían ‘sonado’ desde el primer día.

Luego vino la dificultad en la Corte para elegir, lo que permitió al interino quedarse aproximadamente tres meses, tiempo que aprovechó, entre otras cosas, para hacer más de ochocientos nombramientos de una amplia nómina que le había autorizado el Gobierno, y que ahora acaba de suprimirla, en buena parte, por la vía del 'fast track'.

Ese interregno prolongado sirvió a algunos de sus contradictores para lanzarle toda clase de ataques, la mayoría de ellos dirigidos a su ejercicio profesional, olvidando, entre otras cosas, que haber ejercido la profesión de abogado es uno de los requisitos alternativos para poder ser designado como fiscal general.

En relación con los impedimentos, cuando encontró que había una posible causal en el caso de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, así se lo hizo saber a la Sala Penal de la Corte. Se trató de tergiversar una de sus afirmaciones sobre la necesidad de hacer énfasis no solo en la represión, sino en la prevención de los casos de violencia intrafamiliar.

Está bien que
la Fiscalía no emita juicios políticos sobre la paz. Pero estaría
mal que no expresara lo que piensa cuando se trata de
su andamiaje jurídico penal

Desde su posesión se dedicó a enderezar la Fiscalía, reorientando atribuciones, suprimiendo costosos e innecesarios cargos, poniendo fin al desangre de la alegre contratación y combatiendo una copiosa corrupción interna que había anidado en el interior.

Ni el Fiscal ni el Procurador deben ser protagonistas mediáticos de la paz. Su función es cumplir las normas, bien sean las ordinarias o las surgidas de los acuerdos con los grupos insurgentes. Pero pueden, y en algunos casos deben, hacer observaciones en la aplicación de esas disposiciones, sin que eso los convierta en enemigos del proceso.

El procurador Carrillo trató, sin éxito, de que el Ministerio Público fuera tenido en cuenta. En el caso de la Unidad Especial de la Fiscalía, prevista en los acuerdos, era claro que el jefe del ente acusador podía expresar su opinión para mantener la estructura contemplada en la Constitución vigente. No se opuso ni a la creación de la Unidad, ni a sus atribuciones ni a la necesidad de combatir a quienes desde la delincuencia se resistan al cumplimiento de la paz. Solo pidió lo obvio, que no se desvertebrara la integridad del ente acusador, una de las conquistas de la Constitución del 91.

Al término de vencimiento para expedir los decretos con fuerza de ley con miras a desarrollar los acuerdos, el Gobierno dictó más de treinta, todos de espesa factura y no siempre de fácil comprensión.

En estos casos sucede lo mismo que ocurría con las antiguas facultades extraordinarias originadas en la Constitución de 1886 –las de ahora tienen más alcance–, en que por las carreras se caía en imprecisiones o errores de última hora.

Es, al parecer, lo que pudo haber sucedido con la “chambonada” que uno de los artífices del proceso de paz, Sergio Jaramillo, le atribuye a otro colega suyo, improvisado como jurista. El Fiscal se ha limitado a expresar de manera jurídica lo que Jaramillo describió en términos populares. La misma Corte Constitucional ha pedido aclaraciones. A la paz también se contribuye señalando los errores jurídicos cuando los propósitos no han podido expresarse en afortunadas fórmulas legales.
Correr menos y acertar más podría ser la consigna. Está bien que la Fiscalía no emita juicios políticos sobre la paz. Pero estaría mal que no expresara lo que piensa cuando se trata de su andamiaje jurídico penal.

A pesar de sus críticos, Néstor Humberto Martínez ha demostrado en estos primeros diez meses que era el Fiscal que la entidad y Colombia necesitaban.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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