Elecciones en las cortes

Elecciones en las cortes

Hay que quitarles a las altas cortes el altísimo poder de nominación de toda clase de funcionarios.

16 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

En el acto de posesión del exconsejero de Estado Enrique Gil como nuevo ministro de Justicia, el presidente Santos volvió a insistir, motivado esta vez en nuevos hechos, en la necesidad de despojar a las altas cortes de cualquier tipo de función electoral, para que se dediquen a lo que siempre deben hacer los jueces: fallar oportunamente los asuntos sometidos a su consideración.

Lo demás son innecesarias arandelas que los alejan del cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales esenciales. Como en tantas otras materias, hemos ensayado muchas fórmulas en nuestro derecho público para la integración judicial.

En el siglo XIX tuvimos hasta un sistema de elección popular de los magistrados, propuesta que en algún momento quiso revivir para los jueces el sacrificado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Desde 1910 hasta 1957 rigió el sistema de ternas que hacía el Presidente para que el Congreso eligiera a magistrados y consejeros de Estado.

Salvo el corto periodo de la dictadura a mediados del siglo XX, cuando para referirse a la Suprema Corte se hablaba de la ‘Cortesana’, este sistema funcionó y muchos de los mejores magistrados que tuvo el país fueron designados de esta manera. Basta con decir que de la llamada ‘Corte admirable’, elegida durante la República liberal, hicieron parte juristas de la estatura intelectual y moral de Ricardo Hinestrosa, Antonio Rocha, el profesor Tapias Pilonieta, Benjamín Iragorri Díaz, entre muchos otros.

Como en tantas otras materias, hemos ensayado muchas fórmulas en nuestro derecho público para la integración judicial.

A raíz de lo sucedido con la Corte durante la época de Rojas Pinilla, iniciado el Frente Nacional, se pensó que no era conveniente someter a los aspirantes a magistrados a hacer lobby en el Congreso, y por eso en el plebiscito se establecieron dos mecanismos para garantizar la independencia judicial: de un lado, el sistema de la cooptación, en el cual las vacantes eran cubiertas por la propia corporación sin influencia alguna; y de otro, la elección sin periodo hasta la llegada a la edad de retiro forzoso.

Este sistema de elección funcionó sin mayores dificultades y con él se llegó a otra ‘Corte admirable’ como la que fue sacrificada en los episodios del 6 y 7 de noviembre de 1985.

Buena parte de la Constituyente se dedicó al tema judicial. Se creó la Corte Constitucional nombrada en últimas por el Congreso. Habría que decir que esta corporación no ha sido cuestionada por razón del origen político de su elección. Así mismo, se estableció una especie de “cooptación restringida” pasando por el cedazo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –otra de las innovaciones de 1991–, que no ha contribuido propiamente al prestigio del poder judicial.

Pero lo más significativo fue el llamado, por el constituyente Hernando Yepes, “regalo envenenado” que les dio a las altas cortes un altísimo poder de nominación de toda clase de funcionarios, distintos a sus propios miembros, y que no había sido ensayado en la historia judicial. Tenía toda la razón Yepes. Ahora, la simple designación de quien deba presidir la Corte o el Consejo de Estado toma varios días, y a veces meses.

En una ocasión, el Consejo de Estado realizó más de cien votaciones para escoger un candidato a Procurador General. Las plazas de magistrados también llegan a durar meses y hasta años para llenarse en propiedad. En dos oportunidades, la interinidad en la Fiscalía General de la Nación ha demorado más allá de plazos razonables por las dificultades internas que impiden a la Corte de manera pronta y oportuna ponerse de acuerdo sobre un candidato.

Más recientemente el propio presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Luis Guillermo Guerrero, le ha pedido con respeto, pero con vehemencia, a la Corte Suprema que integre ya las ternas para la formación en propiedad de la Corte Constitucional.

Ni qué decir del tiempo que gasta en tantas elecciones que podría invertirse en la solución de los casos. Por el merecido prestigio de las altas cortes, más temprano que tarde hay que quitarles el “regalo envenenado”.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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