Doscientos años del Consejo de Estado

Doscientos años del Consejo de Estado

Se ideó como organismo asesor del gobernante. Pero su evolución, incluidas varias supresiones temporales, lo tiene hoy entre los pilares fundamentales de nuestra institucionalidad jurídica.

01 de noviembre 2016 , 06:16 p.m.

El Consejo de Estado –cuyo bicentenario de creación por el Libertador empezó a conmemorarse el pasado lunes con un concierto de la orquesta sinfónica de la Policía y la Sinfónica del conservatorio de Ibagué– se ideó como organismo asesor del gobernante. Pero su evolución, incluidas varias supresiones temporales, lo tiene hoy entre los pilares fundamentales de nuestra institucionalidad jurídica: desde su restablecimiento definitivo, en 1913, funge como órgano supremo de la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, contra lo que a menudo se cree, el Consejo y la Corte Suprema de Justicia ejercieron –como verdaderos

guardianes de la “integridad constitucional”– el control concerniente a los actos del Gobierno y de la administración en general hasta 1990, cuando esa función la asumió parcialmente la Corte Constitucional.

Ahora, cuando se vive relativa laxitud en la interpretación y no en el papel real de una Constitución, vale recordar que la Corte Suprema les “tumbó” a los presidentes López Michelsen y Turbay Ayala las dos reformas constitucionales en que se comprometieron. Ese control constitucional también lo ejerció desde siempre el Consejo de Estado, confrontando decretos reglamentarios y otras normas del Ejecutivo con los preceptos de la Carta Política. Por ello, valdría la pena que la corporación se impusiera recopilar su amplísima doctrina constitucional, donde consta que muchos actos administrativos de presidentes, ministros, gobernadores o alcaldes no resistieron el correspondiente examen.

Desde la Constitución de 1991, más de medio centenar de parlamentarios han sido despojados de su investidura por violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades o por conflicto de intereses, con la consiguiente ‘muerte política’.

En cierta forma, no se ha explotado totalmente la función de la Sala de Consulta y Servicio Civil como cuerpo consultivo del Gobierno en asuntos de administración. Además, podría emplearse a fondo en la elaboración de proyectos de reforma constitucional y de leyes en un país particularmente dado a cambiar, no siempre de manera justificada, su normativa.

Al igual que a las demás altas cortes, mucho daño le han hecho al Consejo las facultades electorales que sin razón les confirió la Carta del 91, distrayéndolo a veces de su función primordial de administrar justicia. Su actual presidente, magistrado Danilo Rojas, está adelantando un ambicioso programa para llevar la entidad a las regiones y aclimatar así la ‘cultura de la legalidad’ para indicarles a gobernadores, alcaldes, diputados y concejales las principales faltas que llevan muchas veces a que esos funcionarios sean suspendidos o destituidos, o a que se condene al Estado en sumas millonarias por errores que pueden evitarse, principalmente en temas de personal y de contratos.

Este es un intento exitoso de contribuir a taponar la vena rota que hoy significan las millonarias condenas a la Nación o a las administraciones departamentales o municipales. Adoptar la cultura de la legalidad es, además, precioso instrumento para aclimatar la paz y la tolerancia.

Cuando se habla de la necesidad de proteger a las víctimas del conflicto, deben resaltarse los múltiples fallos del Consejo en la materia. Un solo ejemplo: prácticamente han sido indemnizadas todas las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. También ha ordenado actos de solicitud de perdón y reparación moral a las víctimas. Y lo hizo antes de los acuerdos de La Habana. En múltiples eventos, el Estado, por orden del Consejo, ha pedido perdón a víctimas del conflicto o de la incuria estatal.

Los doscientos años del Consejo de Estado lo sorprenden, pues, en consagrada actitud de guarda institucional de la Nación y acatamiento a la normativa constitucional, que con seguridad nos acerca más al logro de la paz, para cuyo proceso las recientes aproximaciones de las altas cortes son útiles, si bien hubiera sido deseable oírlas antes del traspié del plebiscito.


Alfonso Gómez Méndez

Columnistas

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA