Anunciado colapso de un sistema

Anunciado colapso de un sistema

Con mentiras y a la carrera se impuso el ‘nuevo’ sistema penal acusatorio.

12 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Al conmemorar los 25 años de la Fiscalía General de la Nación, su titular, Néstor Humberto Martínez, tras resaltar la importancia del organismo, creado por la Constitución del 91, hizo descarnada radiografía del sistema penal acusatorio, que, en sus palabras, colapsó o ha hecho agua durante estos doce años de su vigencia.

Ante todo, debe señalarse el valor del alto funcionario en mostrar una realidad que algunos de sus antecesores maquillaron para sostener el ‘cañazo’ de la eficacia de un sistema que se montó a la carrera y, como es usual, sin estudios serios sobre sus perspectivas de éxito.

Todo se fue en meras palabras. Pero, como dijera Lenin, los hechos son tozudos y las cifras mostradas por Martínez, incontrastables: “Hay un número de audiencias represadas, en la actualidad 112.461 (...) a mayo de 2017. En marzo anterior, el número era de 102.120 audiencias. Es decir, el rezago está creciendo a una tasa cercana al 10 por ciento bimensual. De ellas, 17.168 son audiencias de imputación, de las cuales, óigase bien, ya hay programadas 1.725 a más de un año. Para acusación hay 28.270 pendientes, de las cuales hay programadas 2.605 a más de un año”.

Además, 15.000 personas han aceptado cargos o negociado preacuerdos, pero no se les ha resuelto su situación jurídica. Y aun cuando hay muchas más cifras demostrativas del fracaso, bastaría con la que citó el editorial de este diario: casi un 50 por ciento de las personas formalmente acusadas por la Fiscalía fueron absueltas, o sea que puede haber más de 400.000 demandas adicionales contra el Estado por detenciones que no terminaron en condena. Esto no se produjo por generación espontánea. Fue el resultado de una improvisación consentida.

Los ponentes del ‘viejo’ sistema lo fueron también del ‘nuevo’
y ya vetusto sistema penal acusatorio: mal copiado y pésimamente trasplantado
a nuestra normativa penal

La Carta del 91 estableció un sistema dual, no óptimo y susceptible de reformas. Como Fiscal General, me opuse a trasplantar un sistema concebido para otra idiosincrasia judicial y con instrumentos y recursos diferentes. Con mentiras y a la carrera, se impuso el ‘nuevo’ sistema, diciendo que precisaba separar las funciones de acusación y juzgamiento. Falso. Estaban separadas desde 1991, y aun desde 1987: la Fiscalía acusaba y los jueces, finalmente, fallaban.

Otra falacia: decir que el sistema oral sería más ágil, siendo que desde 1948, cuando se acogió para el procedimiento laboral, nunca se aplicó, y en cambio sí se generó enorme lentitud. La Ley 600 de 2001, que impulsé como Fiscal, ya tenía elementos de oralidad, pero no la dejaron regir, aunque, con todo y nuevo sistema, aún se aplica.

Se afirmaba que, siendo el Fiscal autónomo para ordenar allanamientos y capturas, se podían cometer abusos, sobre todo en la detención preventiva, hecho que era y sigue siendo cierto, pero no porque la orden fuera del Fiscal, sino porque siempre, ante una medida cautelar que no termine en sentencia, es posible el error. Por ejemplo, las detenciones por el asesinato de Galán, que resultaron arbitrarias, no fueron dictadas por fiscal sino por juez.

Por cierto que quienes deciden sobre las libertades iniciales son los jueces municipales, ubicados en la escala más baja de la organización judicial.

La oralidad no se ha cumplido plenamente, y fiscales y jueces siguen leyendo pesadas decisiones. La contradicción fue tal que se suprimió el jurado, propio de los sistemas acusatorios puros, donde el Fiscal pertenece al Poder Ejecutivo, no al Judicial. No se ha dispuesto de un sólido cuerpo de investigación, como el FBI.

La Ley 600 también posibilitaba sentencias anticipadas por confesión y ventajas por delación. Pero el principio de oportunidad solo ha servido para que ciertos avivatos denuncien no hacia arriba, sino a sus cómplices, liberados así de la cárcel, como en el escandaloso ‘carrusel’ de Bogotá.

El Congreso es responsable en gran medida por no ponderar el cambio. Y véase cómo los ponentes del ‘viejo’ sistema lo fueron también del ‘nuevo’ y ya vetusto sistema penal acusatorio: mal copiado y pésimamente trasplantado a nuestra normativa penal. Ahora hay que encontrar una solución.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Columnistas

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