Consenso y acuerdo nacional

Consenso y acuerdo nacional

El antagonismo político del establecimiento se hizo insuperable, lo que aprovechan los de las Farc.

19 de octubre 2017 , 12:00 a.m.

Cuando el presidente Juan Manuel Santos hizo públicas las negociaciones con las Farc en La Habana, casi nadie imaginó que se derivara de las conversaciones entre las partes a una miniconstituyente que de facto entró a legislar ni que lo hicieran con la pretensión de que lo acordado entrase a regir en el bloque de constitucionalidad o, según la Corte Constitucional, por 12 años.

Los negociadores de los subversivos, tras ser exorcizados estos en la cumbre de Davos, resultaron finos diplomáticos, hasta conseguir que ninguno de sus jefes pague ni un día de cárcel. Lo mismo que obtuvieron toda clase de gabelas para hacer política, lo que les permite entrar con fuerza propia a ejercer influjo decisivo en la próxima Cámara de Representantes, como tener predominio directo en varias zonas del país que superan de lejos las repúblicas independientes que en su momento denunció Álvaro Gómez y combatió el presidente Guillermo León Valencia. Sin contar los recursos, las emisoras y entidades a su servicio ni toda suerte de ventajas exóticas sin antecedentes en Colombia.

Entre las razones para acceder a las pretensiones de las Farc en La Habana se destaca la debilidad de entrar el Gobierno a negociar sin un previo acuerdo nacional sobre lo fundamental, entre los que estaban por la paz a cualquier precio y los que exigían que se cumpliesen a rajatabla las leyes penales del país. Faltó el pacto para una política de Estado de las fuerzas de orden por la paz. A partir de ese momento, el antagonismo político del establecimiento se hizo insuperable, lo que aprovechan con ventaja los agentes de las Farc.

El constituyente primario se expresa por el No y es norma del derecho universal que está por encima del constituyente secundario, representado por el Congreso

Al convocar la Casa de Nariño un plebiscito, en busca del respaldo popular a lo acordado en La Habana, se la juega toda. Lo que le abrió la oportunidad al expresidente Álvaro Uribe de movilizar a las masas que lo siguen por el No y ganar la dura jornada electoral. La perplejidad se apodera del Gobierno, que reacciona casi de inmediato en cabeza del jefe de Estado y convoca a los ganadores del No, quienes se movilizaron a conversar. Era el momento de buscar una transacción y llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, lo que no se da en cuanto en medio de las conversaciones Humberto de la Calle informa que había puesto su rúbrica al acuerdo y no se podía renegociar. Se pierde otra oportunidad de pactar una política de Estado.

El constituyente primario se expresa por el No y es norma del derecho universal que está por encima del constituyente secundario, representado por el Congreso. Lo que significa que lo acordado a posteriori en el capitolio e incluso por la Corte Constitucional tiene visos de inconstitucionalidad. En el espinoso caso de la JEP que se ventila en el Congreso, cuando Cambio Radical decide votar según sus principios, se da otra oportunidad para buscar un acuerdo y avanzar a una política de Estado. No ocurrió así y se consiguen los votos bajo presión y en segunda votación, al tiempo que el presidente Santos, en una reunión protocolaria, increpa al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara. En tanto, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en reunión en la Casa de Nariño, consigue importantes avances contra la impunidad.

Sin que por esto se fortalezca la política oficial, puesto que crece la audiencia adversa a un tribunal politizado sin antecedentes en la historia jurídica de Colombia, en el que previamente indultan a las Farc, que nace bajo el sesgo de pretender juzgar a un gran sector del establecimiento, incluso al expresidente Álvaro Uribe y al precandidato Germán Vargas Lleras. Las fracciones electorales en el Gobierno no hacen política de Estado, de allí el acuerdo sobre lo fundamental. Encrucijada que amerita de urgencia un acuerdo nacional sobre la JEP para reglamentar el tribunal en el Congreso, propiciar consensos, evitar excesos en el futuro y apuntalar la paz entre el Gobierno y las fuerzas democráticas de orden, a las que podría sumarse el conservatismo.

ALBERTO ABELLO
* Historiador

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